La prueba externa de primaria divide a las familias y a los colegios

Los 37 chicos de sexto del colegio público Asunción Rincón, en Madrid, tienen dos pruebas nuevas esta semana. El martes les examinan para comprobar si su nivel de inglés es suficiente para continuar sus estudios en un instituto bilingüe [en una evaluación organizada desde el Gobierno regional] y miércoles y el jueves se enfrentan como el resto de los alumnos madrileños de 11 y 12 años a la evaluación externa de primaria que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) obliga a aplicar a partir de este curso. Doce comunidades autónomas han decidido no hacerla tal como fija la reforma educativa del PP o, dicho de otro modo, solo tres de cada 10 estudiantes tendrán la evaluación con todos los criterios fijados por el Ministerio de Educación.

La prueba de sexto se ha convertido en una de las polémicas políticas de las últimas semanas, con comunidades anunciando evaluaciones distintas mientras el ministerio de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, advierte de que la ley está para cumplirla. Ha tenido que comprometerse a que los resultados no se utilizarán para hacer una clasificación de colegios, los temidos rankings, y ha pasado los últimos días intentando tranquilizar a las familias explicando que solo se trata de una prueba de diagnóstico que no tendrá efectos en el expediente de los alumnos.

Más allá de la política, el examen no convence a muchos de los que deben impartirlo y ha dividido también a las asociaciones que representan a las familias en los colegios. Maravilla Beceiro y Javier Ocaña, tutores de 6º A y B del colegio Asunción Rincón, defienden que la evaluación se hace con el trabajo diario y no con una prueba dirigida y corregida por profesores que solo tendrán contacto con los chicos el día del examen.

Los dos maestros del colegio madrileño no han preparado especialmente a sus chicos para el examen, cuyos resultados no están entre las prioridades de las familias, más preocupadas por su acceso a un instituto bilingüe. “Usamos una clase para hacer un simulacro y explicarles las técnica para superar pruebas tipo test, no para enseñarles contenidos”, señala él. “Siempre se ha criticado que la Selectividad obliga a enfocar el último curso de bachillerato para pasar un examen en lugar de aprender y creo que esta prueba intenta trasladar esa filosofía a otros cursos”, añade ella. En Madrid, como en las otras cuatro comunidades gobernadas por el PP (Galicia, Castilla y León, Murcia y La Rioja) se seguirá los criterios que fija el ministerio. En el resto de regiones, no.

“Todos somos funcionarios y estamos a lo que nos diga la Administración”, explica Belén Fernández, presidenta de la federación de directores de colegios públicos de infantil y primaria Fedeip, con representación en cinco regiones (Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía).

Fernández dirige el centro público Salvador Vinuesa de Córdoba. Allí, por decisión de la Junta de Andalucía, los propios maestros de los alumnos escribirán un informe individual en junio (sin someterlos a un examen concreto y centrado en la evaluación continua) que después revisará una comisión externa. La presidenta de Fedeip ve con buenos ojos esta fórmula. “No se trata de que los maestros no quieran hacer una prueba, siempre estamos haciendo exámenes, pero tu calificación no puede depender de un día”, añade. Sus estudiantes viven ajenos a la polémica. “No les hemos dicho nada. Cuando les hacemos otras pruebas, siempre intentamos quitarles dramatismo porque son solo niños”, según Fernández.

“Nadie piensa en los alumnos ni en las familias. La desinformación les puede crear ansiedad”, señala Pedro José Caballero, presidente de la confederación de padres y madres CONCAPA, mayoritaria en la enseñanza concertada, con 2.000 centros asociados y cerca de tres millones de familias, según sus estimaciones. Esta confederación comparte los objetivos de la prueba y la apoya. Creen que servirá para localizar fallos y decidir dónde volcar los esfuerzos y así se lo transmiten a sus asociados.

En el extremo opuesto, la confederación que representa a las familias de la escuela pública ha pedido a los padres que no lleven a sus hijos al colegio durante los días del examen. CEAPA (con 11.000 colegios y cuatro millones de familias asociadas) defiende el boicot a la evaluación, como ya hicieron el curso pasado con la prueba de tercero de primaria. Su presidente, Jesús Salido, asegura que muchas familias se están volcando con esta propuesta, sobre todo en Galicia. A partir de esta semana se verá si su iniciativa tiene éxito.