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La policía pide ayuda para localizar a las víctimas del ‘rey del porno’

El productor Ignacio Allende, 'Torbe', fue detenido hace dos semanas acusado de un delito de abuso sexual de menores y de trata

Ignacio Allende, 'Torbe'.

La Policía Nacional ha pedido la colaboración ciudadana para localizar a posibles víctimas de Ignacio Allende Fernández, popularmente conocido como Torbe, el principal productor de porno español, detenido el pasado mes de abril por presuntos abusos sexuales de menores, por difusión de pornografía infantil y por trata de seres humanos.

La policía ha localizado varios vídeos protagonizados por una menor en el servidor central de una de sus empresas. Esta víctima denunció haber sido captada en un bar de Madrid para participar en la grabación de vídeos pornográficos. Tras aceptar inicialmente, cuando empezó a negarse fue coaccionada y obligada contra su voluntad a grabar escenas mediante el uso de drogas. 

En una de las páginas web del productor, los agentes encontraron publicado un vídeo protagonizado por otra menor y para cuyo visionado completo había que pagar. La policía no descarta encontrar nuevas víctimas. Han sido arrestados, además, otros cuatro miembros de la empresa, así como un ciudadano ucraniano que les proveía de mujeres para realizar los actos sexuales.

Los medios de contacto habilitados para canalizar la información sobre hechos relacionados con la investigación, "estrictamente confidenciales", son el teléfono 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es.

La investigación fue impulsada a raíz de la denuncia de una menor que manifestó haber sido captada en un conocido bar de copas de la capital para participar como actriz en la grabación de vídeos pornográficos. Si bien aceptó inicialmente, se negó después, por lo que fue coaccionada y obligada contra su voluntad a grabar este tipo de escenas mediante el uso de sustancias estupefacientes. En el momento que los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos, cruzaron los datos con los de otra investigación llevada a cabo por la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos en la que dos mujeres, una de nacionalidad española y otra extranjera, denunciaron en la UCRIF de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia estar siendo obligadas a prostituirse.

Deep web y sistemas de voz encriptados

 

La relación de todo ello llevó a los policías a dar con un entramado internacional que, supuestamente, proveía de mujeres ucranianas para rodar escenas pornográficas, a menudo en contra su voluntad. Captaban a chicas con problemas económicos en su país de origen, las proveían de la documentación necesaria para entrar en España y una vez aquí las alojaban, dejándolas encerradas, en ocasiones, en la oficina en la que tenían lugar las grabaciones. Muchas de ellas no tenían conocimiento de la actividad que iban a realizar ni de la dureza de las prácticas a las que eran sometidas. Posteriormente, los vídeos elaborados eran difundidos en Internet a través de las diferentes páginas web de pornografía que gestionaba el empresario.

En el transcurso de la investigación, los agentes pudieron averiguar que existían flujos de dinero a paraísos fiscales, así como ingresos y reintegros de pequeñas cantidades económicas mediante el procedimiento conocido como “pitufeo”. El empresario español recibía grandes cantidades de dinero de una persona que, supuestamente, se habían obtenido de actividades ilícitas. En el transcurso de la investigación los policías detectaron el uso de sistemas de alta tecnología en sus actividades, tales como la Deep Web o sistemas de comunicación por voz encriptados, creyendo que, con ellos, podrían eludir la acción policial.

En total han sido detenidas seis personas, el empresario español, cuatro miembros de la empresa, así como un ciudadano ucraniano, quien proveía de mujeres para realizar los actos sexuales.

Con el objetivo principal de localizar y liberar a las víctimas se han llevado a cabo tres registros domiciliarios en Madrid, en la vivienda y la empresa del principal investigado y en un lujoso hotel de la capital. Se han intervenido 17 ordenadores, 6.000 euros en efectivo, equipos de videograbación, material gráfico, material para la grabación de videos pornográficos y otros efectos como prueba de los abusos cometidos.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo I Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la UCRIF Central, el Grupo I de Protección al Menor de la Brigada Central de Investigación Tecnológica, el Grupo 25 Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central, el Grupo 2 Fraude Fiscal de la UDEF Central y la UCRIF de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, en colaboración con la UPR, Guías Caninos y el GOIT.

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