La UE incluye en sus buenas prácticas el protocolo español de delitos de odio
La agencia europea Derechos Fundamentales (FRA) pasa así de colocar a España de los últimos a los primeros puestos en la lucha contra esas infracciones
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, en sus siglas inglesas) ha incluido el protocolo español de actuación policial para erradicar la discriminación y la violencia por delitos de odio en su compendio de buenas prácticas de los distintos países europeos. De este modo pasa de posicionar a España en los peores puestos en la lucha contra estos delitos a colocarla en los primeros.
La Estrategia integral de España contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia fijaba como objetivo la recogida de información estadística sobre este tipo de incidentes lo que condujo al desarrollo de protocolos de actuación policial para hacer frente a incidentes racistas. En la elaboración de dichos protocolos se contó con la participación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con la contribución de las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de apoyo a las víctimas y la defensa de los derechos humanos.
Según entiende la Agencia de Derechos Fundamentales, la colaboración entre las instituciones y los distintos agentes "condujeron a una cadena de acciones que mejoraron significativamente la notificación y registro de los delitos de odio en España". Asimismo, el análisis de los datos estadísticos de criminalidad por delitos de odio recoge un aumento de las acciones llevadas a cabo contra los incidentes racistas y discriminatorios. Asimismo, se considera extrapolables a otros estados miembros de la UE los indicadores para ayudan a identificar este tipo de incidentes racistas.
Recientemente, el propio ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, presentaba los resultados. El racismo y la ideología son los motivos principales que se ocultan detrás de los 1.328 incidentes de delitos de odio registrados en 2015, según el último informe del Ministerio del Interior.
El primer Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los delitos de odios se puso en marcha a finales de 2014 para dotar de una herramienta de homogenización e identificación del procedimiento policial en este tipo de hechos delictivos. Dentro de las acciones ejecutadas se procedió a la adaptación del sistema estadístico de criminalidad, el establecimiento de una red de mediadores sociales en las fuerzas policiales y el protocolo de actuación para los agentes.
El protocolo contiene un índice de comportamiento de delitos de odio, indicadores para identificar incidentes de odio que se deben recoger en los atestados policiales y que permitan otorgar a los jueces y fiscales elementos necesarios para describir el incidente, presentar cargos y procesar a los autores, orientación sobre protección a las víctimas, directrices sobre delitos de odio en Internet y la adopción de medidas en caso de violencia en el deporte.
Según ha informó el Ministerio del Interior, el protocolo, elaborado por este departamento, figura en esta lista publicada en la página web de la agencia, que recoge diferentes legislaciones europeas que regulan la limitación de este tipo de delitos para garantizar los derechos fundamentales.
El protocolo español, aprobado en diciembre de 2014, da pautas a las fuerzas de seguridad para identificar mejor e incorporar a los atestados indicios concretos para formular cargos de imputación contra los agresores y remitirlos a las autoridades judiciales.
Esta guía sirve a policías y guardias civiles para mejorar la atención a las personas que son víctimas de este tipo de delitos, es decir, aquellos que han estado motivados por racismo, orientación sexual, religión, etnia o discapacidad, entre otros.
Así, a modo de ejemplo, los agentes deben plasmar en sus atestados su hubiera comentarios vejatorios hacia la víctima, si su agresor portaba banderas o símbolos de carácter extremista, dónde se produce el delito y si este responde a una "aparente gratuidad".
Estas anotaciones pueden proporcionar a fiscales y jueces los suficientes indicios objetivos de criminalidad que les permitan formular cargos de imputación, y, en su caso, condenas.
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