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Los enfermos de hepatitis C de Galicia piden que se investigue si la Xunta falseó documentación

La plataforma de afectados no descarta sumar nuevos casos a las diligencias judiciales

El presidente de afectados por la hepatitis C este jueves.
El presidente de afectados por la hepatitis C este jueves.

"Mentiras del Servicio Galego de Saúde (Sergas), mentiras del presidente de la Xunta y mentiras del ministro de Hacienda". Con esta rotundidad, la Plataforma de afectados por la hepatitis C cuestiona las explicaciones ofrecidas estos días por los cargos políticos e institucionales sobre el procedimiento judicial abierto contra dos dirigentes del Sergas —el exdirector de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial, actual gerente del área sanitaria de Vigo, y la subdirectora de Farmacia, Carlota González-Criado— a quienes la Fiscalía acusa de homicidio por imprudencia profesional grave por retrasar y negar costosos fármacos recetados a pacientes que fallecieron antes de recibirlos. El juez los investiga por un supuesto delito de prevaricación.

Quique Costas, portavoz de la plataforma personada en la causa como acusación popular, ha anunciado este jueves que no descarta la investigación de otros delitos relacionados con esta causa, así como la incorporación de nuevos imputados. "Habrá que ver qué pasa" con la exconselleira de Sanidade Rocío Mosquera, al frente de este Gabinete cuando se produjeron los hechos, ha señalado Costas. Junto a ello, ha puntualizando que la plataforma tiene "sospechas fundadas de que existen documentos cuyo contenido y fecha podrían haber sido falseados", por lo que sostiene que será necesario "investigar si también se ha incurrido en este caso en delito".

La plataforma sale al paso de las explicaciones públicas ofrecidas por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y por Rubial, que aseguraron, rechazando que los recortes influyeran en esas decisiones, que el Sergas había concedido el nuevo medicamento al 99% de los casos que llegaron a la comisión de la Xunta que autoriza o deniega el tratamiento.

El Sofosbuvir (antiviral de acción directa) fue aprobado por la Agencia Estatal del Medicamento en noviembre de 2014 y hasta la entrada en vigor del Plan Nacional de la Hepatitis C solo se autorizaba para enfermos en fase cuatro y que presentaran, además, cirrosis y manifestaciones extrahepáticas. Se denegaba al resto de enfermos en fase cuatro así como a los incluidos en las fases dos y tres —en este caso, salvo a trasplantados— de la enfermedad.

A la vista de estos datos, sostienen los afectados que la Xunta "haría bien en puntualizar que concedía el medicamento al 99% de casi nada" y eso, con una tramitación que "se prolongaba durante entre cinco y seis meses", con lo que "cuando los pacientes en estado muy grave recibían el fármaco ya estaban muertos".

11 tratamientos denegados

La plataforma desmiente igualmente a Feijóo, que esta semana ha precisado que, hasta la entrada en vigor del Plan Estratégico Nacional, solo se habían denegado 11 tratamientos. "Tenemos constancia de que en un solo día, el 15 de marzo de 2015, Rubial denegó al menos 15", ha afirmado Costas que ha calificado de "falso de toda falsedad" que el entonces director de Asistencia Sanitaria no tuviese constancia de un lote de expedientes "extraviado" por el Sergas que provocó que un buen número de enfermos vieran demorado durante varios meses el acceso al fármaco.

"Yo mismo traté por teléfono con él este asunto", ha sentenciado el portavoz de la plataforma aportando los correos electrónicos cruzados entre Rubial y una paciente. En ellos, el representante del Sergas reconoce el extravío y asegura que pondrán "todos los medios" para que "no se vuelva a repetir" una situación como esa.

Las "mentiras" a las que alude el colectivo de afectados incluyen a las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al achacar parte del incremento del déficit del Estado de 2015 al tratamiento, que cifró en 1.090 millones de euros, destinado a los enfermos de hepatitis C. "Aunque las actas de los precios de los medicamentos fueron declaradas secretas por el Gobierno, sabemos a través del convenio, pendiente aún de firmar entre Instituciones Penitenciarias y la Consellería de Sanidad, que el coste medio es de 13.000 euros por paciente", ha precisado el portavoz de los afectados gallegos advirtiendo que "si no lo firman, los haremos responsables de lo que ocurra a los enfermos que necesitan el tratamiento en las cárceles".

Con Feijóo de viaje oficial por Sudamérica, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reiterado este jueves el respaldo del Gobierno gallego a los dos altos cargos imputados. Rueda ha insistido en que siguieron en todo momento "criterios clínicos" al denegar los medicamentos.

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