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IU pide aclarar en el Congreso la expulsión de cinco juristas en Rabat

Los abogados y el partido de Garzón protestan por el tratamiento prestado por el cónsul

Antonio Maíllo (IU), en el centro, y dos abogados expulsados de Marruecos.
Antonio Maíllo (IU), en el centro, y dos abogados expulsados de Marruecos.

"La expulsión de los abogados de Marruecos ha sido una situación injusta y rechazable. Pediremos explicaciones al Congreso con nuestro diputado Alberto Garzón por una actitud del consulado que ha dejado mucho que desear", ha declarado este viernes el líder de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, respecto a la expulsión este jueves de cinco juristas españoles que viajaron a Rabat para solidarizarse con presos saharauis en huelga de hambre. "Ha sido una expulsión sin justificación formal, con absoluta arbitrariedad", ha considerado Maíllo en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, flanqueado por dos de los abogados expulsados.

"Hay que lamentar la rechazable actitud del Gobierno español desde el consulado de la embajada. Lejos de lo que ha querido dar a entender el Ministerio de Exteriores sobre una preocupación inmediata, ha habido una actitud descomprometida, no vinculada, que ha creado sensación de indefensión", ha añadido Maíllo.

"Era una expedición internacional y todos hemos sido retenidos, mantenidos durante horas sin pasaporte y sometidos a interrogatorios", ha detallado el jurista Francisco Serrano. "Nos retuvieron sobre las 17.15 y hasta las 24.00 no llegó el cónsul", asegura el letrado, que apunta haber sufrido un esguince grave en el pie durante esta visita a Marruecos y no haber sido atendido con propiedad por el consulado.

"Si Marruecos decide echarnos de un territorio sin haber hecho nada sospechoso tendrán algo que ocultar sobre las condiciones de los saharauis", ha declarado Juan Carlos Gómez, otro de los abogados expulsados. "Marruecos no quiere que se sepa el estado de los presos de Agdaym Izik", que han estado en huelga de hambre para exigir un nuevo juicio por considerar que el que se celebró en 2013 ante un Tribunal Militar, que les condenó a penas de entre 25 años de cárcel y cadena perpetua, careció de las mínimas garantías. "Hay que recordar que lo que están pidiendo es la revisión de un juicio nulo de pleno derecho e inconstitucional", ha dicho Serrano.

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