El PSOE y Ciudadanos chocan en la paralización de la LOMCE
La proposición de ley del PSOE para frenar la reforma educativa sale adelante con la abstención del partido de Rivera y la negativa en solitario del PP
El Congreso ha abierto el camino para una nueva ley educativa. La propuesta de ley del PSOE para paralizar la LOMCE ha obtenido este martes respaldo suficiente, aunque los socialistas no convencieron a sus socios de un hipotético gobierno. Ciudadanos se ha abstenido, Podemos aprovecha para destacar su cercanía con los socialistas y el PP se ha quedado solo en su negativa, como ya le ocurrió al tramitar la ley. La medida, más simbólica que efectiva, es un primer paso.
PSOE y Ciudadanos, posibles socios en un hipotético Gobierno, han votado de manera diferente en la primera proposición de ley que se tramita en pleno del nuevo Congreso. Los socialistas lograron que el pleno acepte tramitar una proposición para paralizar la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), con el único voto en contra del PP, la abstención de Ciudadanos y el apoyo del resto de grupos.
Una iniciativa simbólica
La iniciativa pide paralizar una de las leyes más emblemáticas y discutidas del Gobierno de Mariano Rajoy, que salió adelante en 2013 solo con los votos del PP. Ha salido aprobada con 186 votos a favor, 102 contrarios y 41 abstenciones (los 40 de los diputados de Ciudadanos más un voto de un parlamentario del PP, que lo ha emitido por error según su formación). Se tramitará pero es imposible reglamentariamente que pueda culminar su aprobación en las dos cámaras antes del 2 de mayo y, por tanto, es imposible que se paralice si antes no hay un nuevo Gobierno. Y además, el PP incluyó el calendario de aplicación dentro de la normativa, otro aspecto que complica su freno.
Ciudadanos apoyó hace una semana en el Senado una iniciativa para paralizar la LOMCE y así consta en el pacto suscrito con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, los diputados de Ciudadanos ayer se abstuvieron por entender que antes de paralizar una ley educativa es necesario avanzar en un pacto educativo que dé lugar a otra y evitar un vacío legal. “Parar y derogar es ir para atrás”, defendió ayer en la tribuna el diputado de Ciudadanos, Antonio Roldán. La proposición de ley del PSOE incluye que la paralización es “el paso prioritario” para comenzar a reconstruir “un acuerdo común” entre la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas.
“No se trata de volver a la LOGSE o a la LOE [anteriores leyes educativas socialistas], pero comprenderán que tampoco nos conformemos con la LOMCE de las reválidas y los rezos”, ha defendido el diputado socialista Rafael Simancas. Las evaluaciones externas que contempla la LOMCE, que los alumnos deben aprobar para obtener el título al finalizar secundaria y bachillerato, fueron también ayer uno de los puntos más controvertidos y criticados por los grupos políticos, igual que el carácter evaluable de la asignatura de Religión.
PSOE y Ciudadanos niegan que el desencuentro en una votación afecte a su pacto, aunque los socialistas mostraron su sorpresa por la posición del partido de Albert Rivera. Esta discrepancia fue aprovechada por Podemos. “Esta postura es más cercana entre Podemos y el Partido Socialista que la de Ciudadanos. Esperemos que lo recordéis”, señaló Ione Belarra, diputada del partido de Iglesias, que ayer acudió al Congreso con la camiseta reivindicativa de la Marea Verde, el movimiento ciudadano contra los recortes educativos.
Los partidos que respaldan la iniciativa socialista no lo han hecho como un cheque en blanco. IU, Compromís o Esquerra Republicana recordaron al PSOE que la propuesta conjunta que firmaron la mayoría de los partidos de la oposición en 2013, cuando se aprobó la LOMCE, fue para derogarla y no solo para paralizar el calendario de implantación.
Desde Unidad Popular (IU-UP), Sol Sánchez, que también llevaba la camiseta de la Marea Verde ha advertido al PSOE de su "primer incumplimiento" parlamentario al no plantear la derogación "absoluta" de la norma. Señaló que esta iniciativa no suponga "una deriva hacia tiempos pasados".
La comunidad educativa pide cambios reales
Desde la comunidad educativa piden que, más allá de gestos simbólicos como el vivido en el Congreso, se tomen medidas que se puedan aplicar ya en los centros. Si Alberto Arriazu, presidente de la federación de Directores de Instituto FEDADI con 30 años a sus espaldas como docente y 12 como director, se hubiera subido durante el debate a la tribuna, le habría preguntado a los partidos políticos: “¿Dónde van vuestros hijos a clase?”. “Para mejorar la educación, hay que mejorar los colegios y su funcionamiento y eso se olvida todo el mundo. Necesitamos más libertad, más competencias. No se trata de empezar la casa por el tejado, con una ley, sino por los cimientos, por las escuelas”. Arriazu reclama que se mejore la selección y formación de profesores, una asignatura pendiente del sistema educativo español.
Tanto Arriazu como Paco García, responsable de Educación de CC OO, consideran que se pueden parar algunas de las propuestas que quedan pendientes, como las reválidas de 4º de Secundaria y 2º de Bachillerato. La LOME las recoge como evaluaciones externas y generalizadas a todos los estudiantes, que deben aprobarlas para obtener el título.
“Eliminaría que fuera necesario aprobar ese examen para obtener el título. ¿Qué pasa con los estudiantes que aprueben el curso y suspendan el examen?”, considera Arriazu. Los decretos que deben regular el contenido y la estructura de esas pruebas aún no están aprobados. “Mientras no estén reguladas, los centros educativos se atendrán a organizar el curso sin pensar en las reválidas”, añade García que reclama, además, que se frenen otras medidas incluidas en la LOMCE como el respaldo a los centros concertados que segregan por sexo o la pérdida de capacidad de decisión de los consejos escolares. Arriazu defiende que la nota de la asignatura de Religión deje de contar para la media del expediente.
La LOMCE prevé que, a partir de 2017, se elimine la Selectividad y los estudiantes de 2º de Bachillerato asuman esta reválida, además de permitir a las universidades hacer pruebas propias para el acceso. El Ministerio de Educación trabaja desde la semana pasada con la conferencia de rectores españoles CRUE (que representa a 76 campus) porque le pidieron una moratoria en la prueba de acceso a la Universidad que el Gobierno ha rechazado, aunque se ofrece a diseñar con las universidades una nueva prueba coordinada desde los campus. Desde la CRUE esperan cerrar un acuerdo antes de mayo para ofrecer una solución a los estudiantes independientemente de lo que ocurra en el ámbito político.
“No da tiempo a cambiar nada para el curso que viene porque es una ley orgánica y tiene el calendario dentro y además no se puede derogar sin tener una nueva ley en marcha. No puede quedar un vacío legal”, considera por su parte Mario Gutiérrez, responsable de CSIF. Gutiérrez propone, por su parte, que se deroguen “los decretos de recortes”. El PP aprobó en 2012 distintas medidas que supusieron un recorte en la plantilla de profesores o el aumento de las ratios en las aulas. Aunque estas dos medidas ya han quedado sin efecto, los sindicatos reclaman que se elimine también la sustitución de los profesores de baja en un plazo mínimo de 15 días o las 21 horas lectivas semanales de los docentes.
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