La legislatura vasca de la consulta

En Euskadi empiezan a confluir las hojas de ruta de los partidos mayoritarios en torno al derecho a decidir.  Tras la fallida propuesta unilateral de una consulta soberanista que impulsó el ex lehendakari, Juan José Ibarretxe en 2005, ya son tres las grandes formaciones, PNV, Podemos y EH Bildu, que incluyen en sus programas el derecho de los vascos a ser consultados. Según las encuestas, la irrupción del partido de Pablo Iglesias va a proporcionar al PNV y a EH Bildu la mayoría parlamentaria holgada de la que no habían disfrutado hasta ahora para llegar a un mínimo común denominador en ese asunto y, en consecuencia, fijar una fecha para la consulta que modifique, o no, la relación de Euskadi con el resto de España.

De extrapolarse los resultados del 20-D, casi el 70% del Parlamento vasco defendería el derecho a un referéndum frente a socialistas y populares, que según los últimos sondeos y elecciones, siguen en retroceso. Aunque los puntos de partida del PNV, Podemos y Bildu, y las vías para conseguir sus objetivos son diferentes, la próxima legislatura va a ser definitiva. El Parlamento debatirá la ley de consultas, y la ponencia de autogobierno debería pactar el nuevo Estatuto vasco. La pregunta es si esos tres partidos serán capaces pactar sobre una consulta sin quedarse atrapados en el debate independentista que claramente impulsa EH Bildu.

La secretaria general de Podemos, Nagua Alba, abrió definitivamente el campo de juego esta semana al asegurar, nada más salir de la primera reunión con el PNV en Bilbao, que el derecho a decidir está en su agenda, y que no es un asunto al que estén dispuestos a renunciar. “El problema territorial es antiguo y la ciudadanía es adulta y tiene derecho a expresar cuál es su voluntad y la forma en la que quiere decidir”, ratifica. “Todavía es pronto para aventurar escenarios”, asegura el PNV, cuyos portavoces repiten como un mantra, en una advertencia a los planteamientos de EH Bildu, que solo darán cauce a las propuestas que se articulen en torno a la legalidad.

La izquierda abertzale lo dijo claramente cuando defendió en la Cámara de Vitoria que el proyecto de Ley de Empoderamiento de la Ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa —la ley de consultas— es la vía para que la sociedad vasca pueda ejercer de forma legal “el derecho a decidir”. Inmersos como están en un proceso de debate interno para flexibilizar sus estructuras y hacerse más permeables a las demandas ciudadanas, sus portavoces creen prematuro predecir si se sumarían a la vía pactada que auspicia el PNV para avanzar más allá de lo federal hacia una España confederal, frente a la vía unilateral que propugnan.

Aunque el discurso público que mantienen los líderes abertzales es el de luchar por una Euskadi socialista e independiente, hay quienes desde dentro defienden apoyar cualquier paso que suponga avanzar en la separación progresiva de España. En conversaciones privadas con el PNV, la izquierda abertzale ha dejado caer que sí, que lo apoyarían o se abstendrían, pero siempre que fijaran una fecha tope a partir de la cual, si no hay logros con el Estado, actuarían a la catalana.