Cuatro acusados más del ‘caso de los ERE’ se libran por la prescripción de delitos

La juez del caso de los ERE, María Núñez, ha anulado las acusaciones contra cuatro personas más por prescripción de los delitos que supuestamente habían cometido. Entre ellas figuran el exalcalde de Santiponce (Sevilla) José López González (IU), y tres empresarios, que se suman a los 12 empresarios beneficiados por el primer archivo masivo de actuaciones hace dos semanas. Como han transcurrido más de 10 años desde que la Junta de Andalucía concedió las subvenciones y la justicia no ha actuado, el criterio jurídico impuesto por la Audiencia de Sevilla aboca al archivo de las actuaciones, una decisión que puede afectar a más de una veintena de empresarios en las próximas semanas.

Durante los primeros años del caso ERE, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Junta de Andalucía alertaron más de una decena de veces a la instructora Mercedes Alaya sobre el peligro de las prescripciones de delitos, pero esta evitó imputar a los beneficiarios.

De este modo, a partir de ahora, el problema de las prescripciones de delitos en el caso ERE será un goteo constante, dado que existen numerosos empresarios que recibieron las ayudas en los primeros años del fondo, entre 2001 y 2003, y no han sido imputados con antelación. La Audiencia fijó que cualquier ayuda de menos de 450.000 euros otorgada hace más de 10 años debía ser archivada.

Sobre la ayuda de 30.050 euros concedida al Ayuntamiento de Santiponce, la juez ha anulado las actuaciones contra el regidor González y el interventor municipal, Ignacio Herrera, que acudirán citados al juzgado para declarar, pero como testigos. El secretario del Ayuntamiento, Santiago Pozas, ha fallecido, informa la agencia Efe. Sin embargo, esta ayuda supone una nueva imputación para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Javier Guerrero.

En otros dos autos más, la juez abre otras dos piezas por los ERE que beneficiaron a Azucareras Reunidas de Jaén, con 261 trabajadores, y de Fundaciones Caetano, de Camas (Sevilla), en el que vuelve a imputar a Guerrero, a su sucesor en el cargo, Juan Márquez, al viceconsejero de Trabajo Agustín Barberá y al mediador de Vitalia Jesús Bordallo.