El empresario Enrique Ortiz confiesa la financiación ilegal del PP valenciano

El empresario Enrique Ortiz, presidente del Grupo Cívica, ha presentado un escrito de defensa ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata —que lo quiere juzgar por el caso Gürtel— en el que admite que financió ilegalmente al Partido Popular (PP) en la Comunidad Valenciana en las campañas electorales de 2007 y 2008. Ortiz pide que se le rebaje la pena por esta confesión, según ha adelantado la Cadena SER. 

Ortiz, implicado también el llamado caso Brugal, que costó el cargo a Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, es el primer empresario que admite de manera abierta las prácticas corruptas del PP. El empresario reconoce "íntegramente" la financiación ilegal del PP de Valencia y admite las tesis de las acusaciones.

Según el escrito de acusación, Enrique Ortiz abonó parte de los gastos del PP de la Comunidad Valenciana con ocasión de la campaña de las elecciones generales de 2008, en cuantía de 348.115 euros. Para dar cobertura formal a estas entregas, Orange Market, la empresa de la trama Gürtel, "elaboró diversas facturas que suponían la prestación de servicios por su parte a la sociedad Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras S. A.".

Para obtener una confesión tardía de los hechos, la defensa de Ortiz afirma que este ha satisfecho los 40.133 euros que el juez De la Mata le había solicitado en el auto de apertura de juicio oral en concepto de multa y responsabilidades civiles. Enrique Ortiz reclama que se le imponga una pena máxima 15 meses de prisión sustituibles por multa. La Fiscalía Anticorrupción solicitaba inicialmente en su escrito cuatro años de cárcel para el empresario por delito electoral y falsedad en documento mercantil.

La ley electoral impide que empresas contratistas de la Administración financien campañas electorales y, en todo caso, el importe máximo que cada persona física o jurídica puede aportar a la cuenta electoral de cada partido político es 6.012 euros.

Según el juez De la Mata, "con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (...) contrataron a la mercantil Orange Market SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros". El magistrado recuerda que en ambos casos "tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad".

El juez De la Mata abrió el pasado 26 de febrero juicio oral contra cinco altos cargos del PP de Francisco Camps y contra diez empresarios por la trama valenciana del caso Gürtel. Ortiz, dueño del 70% del suelo urbanizable de Alicante, se sentará en el banquillo junto con los cabecillas de la trama Gürtel (Francisco Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes, entre otros), por pagar a la empresa Orange Market actos de campaña del PP que luego se camuflaban supuestamente con facturas falsas.

Los empresarios, según recoge el auto judicial, pagaron supuestamente actos electorales del PP regional en las campañas de las elecciones municipales de 2007, las autonómicas de ese mismo año y las generales de 2008 a Orange Market, la empresa en Valencia de Gürtel que se ocupaba en exclusiva de montar los mítines y demás convocatorias del partido.

Para encubrir los pagos —prohibidos por la legislación electoral—, los constructores firmaban con la empresa de Correa contratos presuntamente falsos, "que no tenían una sustantividad real al modo de la contraprestación de servicios".