El Congreso pide a Gómez de la Serna datos de su empresa

El Congreso ha pedido explicaciones a 23 diputados sobre sus actividades al margen del escaño que han declarado, antes de concederles la compatibilidad en el pleno. Entre ellos destaca Pedro Gómez de la Serna, que fue elegido en las listas del PP, que ahora está en el Grupo Mixto y que está siendo investigado por la Audiencia Nacional por el presunto cobro de comisiones. La Comisión del Estatuto ha denegado a Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, la posibilidad de pertenecer al Centro de Asuntos Taurinos de Madrid.

La Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso se ha dirigido a 23 diputados para pedirles aclaraciones sobre las actividades que han declarado al margen del escaño.

En teoría la actividad parlamentaria es incompatible con cualquier otra, salvo que la Cámara lo autorice expresamente. La limitación es que no pueden tener relaciones con ninguna administración, ni recibir ninguna retribución pública diferente a la del Congreso o, en caso contrario, optar entre un ingreso u otro.

No tiene el Congreso capacidad para investigar si los datos aportados son ciertos o no, ni siquiera para verificar si se cumplen las incompatibilidades. De hecho, la mayoría absoluta del PP impidió en la pasada legislatura que se pidieran cuentas a diputados como Miguel Arias Cañete por declarar que su empresa no contrataba con las administraciones o a Vicente Martínez-Pujalte por cobrar de una consultora.

Ahora, antes de someter al Pleno todas las actividades declaradas, la Comisión del Estatuto se ha dirigido a 23 parlamentarios para que aclaren los datos aportados. Son 13 del PP; dos del Grupo Mixto, cuatro de ERC, uno de Podemos, uno de DL, uno del PNV y uno de Ciudadanos. No hay ninguno del PSOE.

El más significativo es Pedro Gómez de la Serna, al que se pide "precisar tipo de relación con la referida entidad (titularidad y/o administración), objeto social, con aportación de sus estatutos sociales; ámbito nacional o internacional de su actuación, obligaciones de desplazamiento que supone su dedicación a la misma, y relación con el sector público estatal, autonómico o local, así como entes públicos o privados de otros estados". La empresa por la que se le pregunta es Scardovi S. L. con la que presuntamente cobró comisiones en diversos países y por la que es investigado.

En la mayoría de los casos son aclaraciones sobre fechas de jubilación o sobre baja en la prestación del desempleo, como es el caso de Juan Gabriel Rufián de ERC, al que se le pide que precise la fecha en que dejó de recibir el paro.

Entre los del PP hay nueve que son concejales y se les pide que aclaren si reciben retribuciones públicas o solo dietas. El diputado por Málaga José María García Urbano declaró ser registrador de la propiedad y se le pide que lo aclare porque se trata de una actividad incompatible con el escaño, es decir, que tendría que optar entre ambas actividades.

Dolores de Cospedal, número dos del PP, declaró pertenecer como vocal al Consejo de Administración del Centro de Asuntos Taurinos, "órgano sin personalidad dependiente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid". El Congreso le responde que esa actividad "no es compatible conforme a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General por si quiere modificar su declaración antes de que la comisión se pronuncie sobre la actividad".

Ese centro tiene funciones asesoras para los regidores de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid y sus miembros no reciben retribución alguna.

Al diputado del PP José Ramón García Cañal se le impide ejercer como vocal de la empresa Caser.

A Carles Campuzano, diputado de Democracia i Llibertad, se le pide que aclare el objeto social y su relación con ocho fundaciones.

A Teresa Jordá, de ERC, se le pide que aclare su vinculación a la empresa Nerinet, dedicada a la prestación de servicios de limpieza y maquinaria industrial, para saber si "tiene relación con el sector público".