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El Congreso insta al Gobierno a cerrar la puerta al ‘fracking’ en España

La nueva mayoría aprueba una iniciativa en la que se insta a prohibir la técnica de extracción

Cartel contra el 'fracking' en Burgos, donde un empresa quiere usar la técnica.
Cartel contra el 'fracking' en Burgos, donde un empresa quiere usar la técnica.

La primera reunión de la Comisión de Industria en el Congreso de los Diputados —donde los partidos discuten las políticas energéticas— ha rechazado este martes el apoyo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dado al fracking durante la anterior legislatura. Esta comisión ha instado al Gobierno a prohibir el uso de esta polémica técnica de extracción de hidrocarburos y a suspender los permisos existentes que la contemplen, aunque sean solo de investigación. El Partido Popular prácticamente se ha quedado solo; ha logrado únicamente el apoyo de Foro Asturias.

Es la primera vez que el Congreso de los Diputados se pronuncia en contra del fracking. De hecho, durante la anterior legislatura, gracias a la cómoda mayoría absoluta que tenía el Partido Popular, se validaron varios cambios legislativos para incentivar el uso de esta técnica de extracción de hidrocarburos, que consiste en inyectar en pozos agua y productos químicos a presión para romper las rocas en las que se alojan el gas y el petróleo.

Ahora, la nueva mayoría en el Congreso insta a través de una proposición no de ley al Gobierno a que anule aquellos cambios legislativos para "prohibir el empleo de las técnicas de fractura hidráulica en el Estado español". Además, se pide la derogación de "todos aquellos artículos que favorecen" el fracking de la ley de hidrocarburos que el PP aprobó en mayo de 2015. En esa norma se preveían incentivos económicos para las comunidades autónomas, Ayuntamientos y particulares en cuyos suelos se empleara el fracking, una técnica que aún no se ha utilizado en España, pero que varias empresas del sector quieren explorar.

El recorrido de esta iniciativa es incierto. Los cajones del Congreso están llenos de propuestas de este tipo a las que el Ejecutivo de turno no hizo caso. Pero la votación de este martes es un reflejo del nuevo reparto de fuerzas en el Congreso. Y la mayoría de partidos —y de diputados— rechazan muchas de las políticas energéticas que el PP aprobó en la anterior legislatura, como ocurre con el apoyo a la fractura hidráulica.

La empresa canadiense BNK es la que tiene más avanzado el proceso para usar el fracking. La compañía tramita ahora ante los Gobiernos central y de Castilla y León los permisos para que se le autorice a usar la fractura hidráulica en 12 pozos de exploración en la provincia de Burgos. En la iniciativa aprobada este martes en la Comisión de Industria se insta también al Gobierno a "suspender cautelarmente las prospecciones con fractura hidráulica, incluso cualquier proyecto o permiso de investigación, y establecer una moratoria durante esta legislatura, que incluya todos los permisos o peticiones de autorización para realizar investigaciones".

La enmienda fue presentada por ERC y, tras introducirse algunos cambios, se sumaron a ella PSOE, Podemos, PNV y Democràcia i Llibertat.

Ciudadanos se abstiene

Elena Faba, diputada de Ciudadanos, ha sido muy dura en su intervención contra el uso de esta técnica. Ha resaltado que los informes que alertan sobre los riesgos de su empleo "son abrumadores". Sin embargo, los cinco diputados de esta formación presentes en la comisión se han abstenido. Según Faba, no se ha apoyado la iniciativa por la vaguedad de la propuesta, al entender que podría acarrear en el futuro "responsabilidad patrimonial" de la Administración en el caso de los permisos que se suspendan.

Como alternativa, Faba ha propuesto que el texto se cambiara y recogiera literalmente lo que se incluye en el pacto de gobierno que el PSOE y Ciudadanos cerraron hace unas semanas. En ese acuerdo se apuesta por una moratoria durante esta legislatura que impida el uso del fracking, pero no por su prohibición total.

Petición para desmantelar el almacén Castor

Todos los partidos, salvo el PP, han aprobado este martes una propuesta en la que piden al Gobierno que se desmantelen las instalaciones del almacén de gas Castor, frente a la costa de Castellón, responsable de una cadena de pequeños terremotos que llevó a su clausura. Además, se insta al Ejecutivo a iniciar acciones legales para recuperar la indemnización de 1.350 millones que recibió la promotora.

El PP ha argumentado que la norma que permitió el pago de esa cantidad prevé que la empresa devuelva los fondos si ha incurrido en alguna negligencia, algo que analiza un juzgado de instrucción de Castellón.