Un desafío al que se le fue la urgencia

Durante muchos meses, años casi, el desafío soberanista catalán fue considerado por los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, como la amenaza más grave a la que hacía frente el Estado desde la instauración de la democracia.

Junto a la lucha contra el terrorismo yihadista, fue el único asunto en el que las dos formaciones se mostraron lealtad institucional y consenso en la respuesta.

Esa complicidad ante el desafío, en teoría, no ha variado en absoluto. El problema estriba en que, en medio del bloqueo político que se arrastra desde el 20-D, todo se ha complicado y resulta más difuso.

Mientras el actual Gobierno en funciones se limita a vigilar los pasos jurídicos de la Generalitat o el Parlament de Cataluña, por si de nuevo debe acudir al Tribunal Constitucional, los dirigentes catalanes han hecho más sutiles sus avances. Ellos mismos reconocían, tras lograr constituir un Ejecutivo in extremis que, en la medida de lo posible, avanzarían hacia el objetivo último de la independencia sin quebrar la legalidad. Un sinsentido en sí mismo, pero a la vez una maniobra táctica que, a base de usar eufemismos, evitar términos provocadores o retrasar hasta el límite las decisiones más drásticas, les permite mantener vivo el proceso independentista. Frente a ello, un Gobierno central cada vez más borroso en su autoridad, apenas puede hacer más que acudir una y otra vez ante el Constitucional, para pedirle que ejecute su propia sentencia originaria, en la que anuló la declaración soberanista del Parlament con la que todo se puso en marcha. Y el Constitucional va a tomarse su tiempo, porque nunca le agradó que el Gobierno le pasara esta patata caliente.

Es verdad que los líderes de Convergencia Democrática de Catalunya se esfuerzan últimamente por recuperar ese pragmatismo y cordura que caracterizó al partido durante la época de Pujol. Pero ni la deriva catalana actual depende exclusivamente de ellos (es casi más relevante el papel de Esquerra Republicana de Catalunya), ni han dado señal alguna de frenar sus pretensiones de impulsar hasta el final la hoja de ruta acordada con la CUP.

Y en el otro lado, esa solución al problema catalán, que tenía que ser política y no solo jurídica (como recuerda el propio Constitucional) ha desaparecido de la mesa de negociaciones, como si unos y otros se hubieran desentendido del asunto.