España aprende a dimitir

Los políticos españoles están aprendiendo a dimitir. La semana pasada, las salidas voluntarias de José Ramón Besteiro, el imputado líder de los socialistas gallegos, y de Eva Borox, diputada autonómica de Ciudadanos a la que se relacionada con David Marjaliza, el muñidor de la trama Púnica, han subrayado que algo ha cambiado en las dinámicas internas de los partidos. Podemos y Ciudadanos atribuyen esa transformación a su irrupción en la política nacional. Las formaciones tradicionales niegan que hayan necesitado ese impulso. Jamás, en cualquier caso, se acumularon tantas dimisiones en tan poco tiempo, y de todos los partidos.

A las dimisiones por discrepancias políticas, como la treintena que se han producido en Podemos e IU, se ha unido un elemento nuevo. Entre el PP y el PSOE, más de una decena de cargos han dejado sus puestos en el último año por estar imputados en casos de corrupción. Más de 50 políticos han abandonado sus partidos en ese tiempo por una de estas dos causas.

"El ciclo político y electoral que finalizó en el 20-D ha determinado una dinámica diferente y una cascada de dimisiones en un plazo de tiempo muy corto”, resume Ángel Valencia, catedrático de ciencia política de la Universidad de Málaga. “Los casos de corrupción política propiciaron una crisis de legitimidad de la clase política en su conjunto y la necesidad de una renovación interna de los partidos tradicionales”, sigue. “Esto ha determinado que los propios partidos sean más sensibles a este fenómeno y asuman la responsabilidad política a través de las dimisiones, y no, como venía siendo habitual hasta ahora, con una disolución de la misma en responsabilidad penal, en su caso”, argumenta. “Después de años de judicialización de la política parece que hay algún síntoma de recuperación de la responsabilidad política, si bien no conviene confiarse y está lejos de ser muy profundo en los partidos tradicionales”.

El PP ha actuado bajo la presión de sus pactos autonómicos con Ciudadanos, que exigen la salida de los imputados por la corrupción. El PSOE, sin embargo, rechaza de plano que haya sido el impulso regeneracionista de los partidos emergentes lo que le ha llevado del ronzal para incrementar la dureza en el castigo en sus filas. Las nuevas fuerzas políticas no les han enseñado el camino de las dimisiones, señalan en la dirección socialista, sino que son el santo y seña de Pedro Sánchez desde que llegó a la secretaria general del PSOE. Pero no todo empezó con él, remarcan en el intento de ser justos con sus antecesores.

Si las dimisiones no han sido prácticas ajenas en la historia del PSOE de los últimos 20 años, sí se han extremado y regulado mucho más las causas y las consecuencias de comportamientos ajenos a la decencia política. “El PSOE es el partido con el código ético más exigente de todo el arco político”, proclama César Luena, secretario de Organización del PSOE. Este rigorismo impulsó a Felipe González, expresidente del Gobierno, a hacer una reflexión en alto – que fue en el fondo una crítica – a la falta de respeto al Estado de Derecho al “condenar” a un ciudadano antes de ser juzgado. En el código ético del PSOE se suspende de militancia a aquél a quien se le abra juicio oral, antes, por tanto, de que sea juzgado y mucho menos condenado, con el riesgo de cometer una injusticia de imposible reparación. Así lo resalta el portavoz parlamentario del Senado, Óscar López, con el pesar de casos en los que, finalmente, los tribunales han declarado la inocencia del militante del PSOE a quien el partido expulsó. Elena Diego, exsenadora, exalcaldesa de Villamayor, localidad salmantina, fue apartada de sus cargos al ser investigada por un asunto de contrataciones de monitoras de verano, denunciada por la oposición, que el juez archivó al no ver materia delictiva.

¿Que en el PSOE no se dimite? Esta pregunta la formulan con cierta irritación los más veteranos al recordar los años 90, en la última legislatura de González, en la que se sucedieron las dimisiones de altos cargos por responsabilidad política. “En el PSOE se dimite hasta por perder las elecciones europeas”, enfatiza Óscar López, para reivindicar a Alfredo Pérez Rubalcaba que dejó la política por el mal resultado en los comicios al Parlamento Europeo en 2014.

Las formaciones emergentes sostienen que el cambio se debe a su aparición. El código ético de Podemos obliga a los firmantes a renunciar a su cargo público o interno si son imputados por delitos de corrupción, económicos, de pederastia, violencia de género, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos. “Dimitimos porque creemos que se pueden hacer las cosas mejor”, dijo José Manuel López, portavoz en la Asamblea de Madrid; “y no porque se mete la mano en la caja o haya una caja b, y siempre a punta de juez”. En Ciudadanos, la imputación por corrupción política es causa de expulsión inmediata.

Este partido ha incluido en sus pactos con PP y PSOE que los imputados abandonen sus puestos y no puedan ir en las listas. Así, el PP y el PSOE han tenido que lograr la dimisión de decenas de sus cargos en Murcia, Madrid, Andalucía, La Rioja o Andalucía. Además, el acuerdo de Gobierno entre Rivera y Pedro Sánchez recoge el compromiso de acabar con los aforamientos.

“Hace un par de años los imputados por corrupción política campaban a sus anchas. Hoy, nadie concibe que un imputado por corrupción mantenga su escaño”, describe Fran Hervías, secretario de organización de Ciudadanos y diseñador de su expansión nacional. “Este cambio es gracias a la sociedad española, más exigente y critica. Los nuevos partidos hemos nacido precisamente de esa sociedad civil y, entre otras cosas, con el objetivo de cambiar la vieja política”, asegura este representante de una de las dos formaciones emergentes, que siguen reclamando a los partidos tradicionales mayor contundencia en casos como el de Rita Barberá, que no está imputada y declarará voluntariamente ante el juez que investiga el caso Taula. De la misma forma, el PP ha pedido la dimisión de Rita Maestre, concejala del Ayuntamiento de Madrid condenada al pago de una multa de 4.320 euros por cometer un delito contra los sentimientos religiosos.

Con este nuevo escenario, ¿abre España un camino nunca transitado, o se iguala tardíamente a los países de su entorno? “En mi opinión, no estábamos al mismo nivel”, contesta Valencia. “En nuestro país, por un lado, parecía existir hasta hace poco una resistencia a dimitir y, por otro lado, resistir hasta que se dirimiera responsabilidad penal… algo muy distinto a lo de lo que sucede en los países anglosajones, por ejemplo. Por ello, todo este movimiento es un paso en la buena dirección”.