Los titiriteros recurren su inclusión en el fichero de presos peligrosos

La defensa de Raúl García y de Alfonso Lázaro, los dos miembros de la compañía Títeres desde Abajo que fueron encarcelados durante cinco días por enaltecimiento del terrorismo porque en su obra uno de los personajes portaba una pancarta con el lema “Gora Alka-Eta”, ha recurrido su inclusión en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) mientras permanecieron en la prisión de Soto del Real. El fichero FIES engloba a los presos considerados de mayor peligrosidad, entre ellos a los integrantes de organizaciones terroristas, que tienen un régimen penitenciario más severo que contempla la intervención de sus comunicaciones orales y escritas. En el caso de los titiriteros, la dirección de la cárcel los incluyó en el fichero FIES 3 BA, reservado a bandas armadas.

Los abogados han presentado un recurso de queja ante el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, con tres argumentos principales. El primero es que la instrucción del Ministerio del Interior que regula el fichero FIES es ilegal, ya que va contra el Reglamento Penitenciario al establecer un régimen de vida distinto para sus integrantes respecto al resto de reclusos.

El segundo argumento es que “no se dan los presupuestos” para la inclusión automática de los titiriteros en el fichero FIES porque estos “no estaba siendo investigado por ningún delito de terrorismo, ni por vinculación o colaboración con banda armada”. Los abogados recuerdan que "el delito de enaltecimiento del terrorismo no es terrorismo". La tercera idea que plantean los abogados es que la entrada en esta base de datos de presos preventivos vulnera la presunción de inocencia.

Este miércoles cuatro personas han acudido a la Audiencia Nacional para declarar como testigos en el caso de los titiriteros, sobre la obra de guiñoles La Bruja y Don Cristóbal, representada el pasado 5 de febrero. Según fuentes presentes en el interrogatorio, celebrado ante el juez Ismael Moreno, los testigos han ratificado que la obra de la compañía Títeres desde Abajo tenía un contenido violento, como el ahorcamiento de un juez o la crucifixión de una monja.

Una de las declarantes ha sido la mujer que denunció la obra ante la policía. Esta testigo acudió a ver la representación, en la plaza del Canal de Isabel II, con su hija de dos años. Pasado siete minutos, se levantó “horrorizada” y acudió a una cafetería cercana a avisar a los agentes. Según ella, los personajes de la obra hablaban un idioma “ininteligible”. Jaime Montero, uno de los abogados de los titiriteros, explicó que La Bruja y Don Cristóbal se representaba en tres idiomas: la presentación era en castellano, los diálogos de los personajes principales en esperanto y el parlamento del juez, en latín.

Otro padre presente en la función ha afirmado que pensaba que se trataba de una obra infantil, y como tal se anunció en el programa de carnavales del Ayuntamiento de Madrid, que contrató a la compañía. Este padre ha afirmado que la obra no tenía argumento y que en ella no hablaba nadie, según las mismas fuentes presentes en el interrogatorio. Por su parte, un miembro del Samur que estaba en el dispositivo de prevención sanitaria en la misma plaza ha declarado que vio la pancarta de “Gora Alka-Eta”.