Del 15-M a la Comisión de Empleo

Mayo de 2012. "La gente normal puede hacer política: no tiene más que acudir a las asambleas de barrio". Lo defendía en una entrevista con EL PAÍS Abel Martínez, economista y periodista de 24 años, cuando el movimiento 15-M estaba a punto de celebrar su primer aniversario. Cuatro años después, ese joven es responsable de finanzas de Podemos y ocupa un escaño en el Congreso de los Diputados. Su nombre no es Abel Martínez, sino Segundo González, y el lunes registró en la Cámara baja una propuesta no de ley (PNL) sobre becarios cuya filosofía recoge las reivindicaciones del colectivo Juventud sin Futuro, del que formaba parte.

González, que entonces prefirió utilizar seudónimo —"en la sociedad de la información enseguida estás en Google", sostiene—, promovió una iniciativa llamada Oficina Precaria, que sigue existiendo. Su portavoz, Eduardo Ocaña, le acompañó junto con el diputado Miguel Vila en la presentación de un texto que plantea "establecer una remuneración económica obligatoria a los becarios por parte de las empresas que, al menos, sea igual al Salario Mínimo interprofesional".

La proposición no de ley presentada para ser debatida en la Comisión de Empleo pide regular el desarrollo de las prácticas y de las becas, "establecer un límite anual de 500 horas, no superando en ningún caso las seis horas", "limitar a uno el número de convenios por cada plan de estudios" o "limitar el número de becarios a un máximo del 5% del total de la plantilla de la empresa o, en aquellas que cuenten con menos de 10 trabajadores, a una sola persona".

"Desde Juventud sin futuro se nos ocurre montar la iniciativa de la Oficina Precaria, que en principio era un servicio de asesoría para trabajadores precarios. Dábamos asesoría jurídica, pero no nos queríamos quedar en el puro asistencialismo", relata González, que en aquella época fue becario en una entidad financiera. Se instalaron en el centro social okupado Patio Maravillas y lanzaron distintas campañas, entre ellas una recogida de denuncias de "becarios que estuvieran en fraude de ley".

Este espíritu queda reflejado en la exposición de motivos de la PNL, que rechaza que los jóvenes se vean obligados a encadenar prácticas. "De esta manera, las prácticas en empresa, en lugar de favorecer la inserción laboral de universitarios y estudiantes de posgrado, conlleva una serie de consecuencias que degradan el acceso de los jóvenes al empleo y las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores, dando lugar al fenómeno de los becarios en fraude".

"La mayoría de la gente que conozco no sabe lo que es un convenio colectivo", señalaba otra joven en EL PAÍS cuando faltaban dos semanas para que el movimiento 15-M cumpliera un año. Hacía referencia a esas denuncias, que en algunos casos parecían salidas "del siglo XVIII". "Una de las herramientas de los poderosos es el miedo". Por esta razón, explicaba, uno de los objetivos de sus iniciativas era el de "visibilizar los lugares del conflicto laboral". Rita tenía entonces 24 años, y a sus espaldas varios trabajos precarios: azafata, profesora de apoyo de italiano. Estudiaba Ciencias Políticas y pidió que no se publicara su apellido. Hoy, Rita Maestre es la portavoz del Ayuntamiento de Madrid.