El gasto para formación en Andalucía no pasó por los interventores

Los interventores de la Junta de Andalucía no detectaron el menoscabo de fondos públicos en los cursos de formación, que de momento se eleva a 72 millones según el Ejecutivo autonómico, por la fragilidad de la normativa, que impedía su revisión. Esta mañana se ha iniciado la comisión de investigación de los cursos de formación en el Parlamento andaluz a la que acudirán 69 personas, entre ellas 34 políticos. La interventora de la Junta en Cádiz, Nieves Chao, ha subrayado cómo la normativa de control impuesta por el Gobierno andaluz para el reparto de 3.000 millones en ayudas para la formación en la última década era "muy mejorable".

"¿Se ha hecho algo bien? ¿En algo se ha cumplido la norma?". A esta sorprendente pregunta de la diputada Elena Cortés, Chao respondió de manera escueta y gráfica: "No lo sé". La explicación a este desconocimiento reside en la norma, que impide a la Intervención examinar los justificantes del gasto de los cursos de formación. Los interventores solo certificaban si las empresas cumplían los requisitos para obtener las subvenciones. La norma impedía que los justificantes de gastos de las empresas llegaran a los interventores, que solo recibían un certificado de la Junta. Esta norma aún pervive.

El único cambio adoptado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) llegó en 2012, cuando impuso el control financiero permanente, que obliga a una fiscalización anual y cuenta con una unidad de control interno en el propio SAE. Pero el problema de fondo permanece.

Tanto Chao como el interventor en Almería, Juan José Castillo, han confirmado a los 10 diputados de cinco grupos (PSOE, PP, IU, Ciudadanos y Podemos) que no detectaron el "menoscabo" de fondos públicos en las subvenciones. "Los expedientes están vivos, no han prescrito (...) Todo es revisable y el daño todavía no se ha producido", ha matizado Castillo. Hasta 2012 la Junta fue incapaz por falta de funcionarios de revisar la enorme cantidad de ayudas, y esa revisión la lleva a cabo desde hace un año la Consejería de Economía, que peina 5.300 expedientes y en los que de momento ha detectado 72 millones que los empresarios y sindicatos deben devolver a la Administración al incumplirse la normativa.

Tras criticar la norma que les impidió detectar el fraude, los interventores incidieron en la falta de personal y su escasa preparación para fiscalizar expedientes. En Almería por ejemplo son solo siete funcionarios para revisar más de 20.000 expedientes cada año, entre ellos los de la formación, situación que provoca un continuo "atasco". "Ustedes han sido engañados por los políticos", censuró la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero

Mientras Castillo detectó irregularidades -que provocaron "errores" de tipo administrativo- y la delegación de la Junta siguió sus sugerencias, Chao propuso a la delegación de la Junta en Cádiz una serie de recomendaciones para cambiar la detección del fraude. Como el Ejecutivo ignoró a la interventora en Cádiz, tuvieron como consecuencia la emisión de un informe de actuación desde la Intervención, un aviso para que el Gobierno hiciera caso de sus recomendaciones.

"Los interventores han dicho que no se cumplía la ley por parte del Servicio Andaluz de Empleo y la legislación dejaba mucho que desear. Las exoneraciones impedían el seguimiento. Si fuera por el PSOE, aquí no ha pasado nada, pero hay 18 juzgados investigando", censuró el diputado de Podemos Juan Ignacio Yagüe. Cortés matizó que "a los interventores se les ha impedido fiscalizar que el dinero se gastara correctamente".