Podemos vuelve a cambiar su plan de Gobierno en su tercera versión

Elimina definitivamente la exigencia de "compromiso con el Gobierno del cambio" para los nombramientos

Pablo Iglesias en la rueda de prensa tras la reunión con Albertio Garzón.BERNARDO PÉREZ

Podemos ha vuelto a modificar el plan de Gobierno que presentó el lunes y ya va por la tercera versión y al menos tres cambios distintos. El partido de Pablo Iglesias ha eliminado este jueves la exigencia de "compromiso con el Gobierno del cambio para los nombramientos".

La última versión conocida este jueves asegura que "en todo caso, mientras no sea posible modificar la Constitución española, la elección de los equipos de gobierno deberá producirse por consenso entre las fuerzas políticas que integran el gobierno. Los equipos de Gobierno estarán necesariamente compuestos por personas capaces y con diferentes sensibilidades políticas. En tanto no se proceda al cambio constitucional, la elección de los responsables de las altas instituciones que hoy recaen en manos del Gobierno o del Parlamento precisadas de mayor independencia (Fiscal General del Estado, Fiscal Especial Anticorrupción, miembros del Tribunal Constitucional, etcétera) se llevará a cabo con criterios reforzados de consenso". El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha reiterado este jueves que ese documento está abierto a mejoras e incoroporaciones.

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La primera, conocida el lunes, decía que "estas personas deberán ser nombradas atendiendo a criterios de mérito, capacidad y compromiso con el proyecto de cambioque deberán liderar".

La segunda, la del miércoles, aseguraba que "la elección deberá producirse por consenso bajo la lógica de que los equipos de gobierno estarán necesariamente compuestos por personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio".

Esa referencia fue calificada de "aberrante" por asociaciones de jueces y fiscales.

Además, hubo otro cambio más, el tercero, para eliminar el miércoles la referencia explícita a la coordinación de jueces y fiscales entre las funciones de la Secretaría de Estado contra la corrupción.

No obstante, la última versión mantiene como nombramiento del Gobierno la del Fiscal Especial Anticorrupción, cuando en realidad el Gobierno se limita a ejecutar la propuesta y elección que hace el Fiscal General del Estado, tras escuchar al Consejo Fiscal.

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