El PNV pide un referéndum previo a llevar el nuevo estatuto al Congreso
El partido de Ortuzar que será ratificado para otros cuatro años, evita poner fechas ni plazos a su estrategia de pacto con el Estado
El PNV cree que ha llegado el momento de que España afronte una “segunda transición” para encajar a Euskadi, Cataluña y Galicia. La VII Asamblea Nacional ha aprobado en Pamplona casi por unanimidad su hoja de ruta hasta 2020 que pasa por aprobar un nuevo estatuto que reconozca la nación vasca, la bilateralidad, y el derecho a decidir. El partido de Andoni Ortuzar propone usar las vías legales y pactadas con el Estado para aplicar ese texto tras dos referendos, uno después de aprobarse en el Parlamento vasco y el segundo tras pasar por el Congreso.
Seguridad Social, suicidio asistido y selecciones deportivas
El PNV ha planteado en su congreso abrir el debate social que finalice con la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido médicamente, siempre que se cumplan una serie de condiciones. Tras la presentación de una proposición de ley sobre dignidad en el final de la vida en el Parlamento vasco, el PNV recuerda que en España el suicidio asistido -facilitar al enfermo los medicamentos necesarios para acabar él mismo con su vida- y la eutanasia, están tipificados como delito y que solo en Bélgica, Holanda y Luxemburgo son legales.
Para el PNV, la posible despenalización de estas prácticas exige establecer "con absoluta claridad" las condiciones para acceder a las mismas, es decir, que se trate de un adulto con una enfermedad en fase terminal o gravemente penosa e irreversible y que realice la petición por escrito a su médico de forma libre, consciente, voluntaria y de forma mantenida durante "un tiempo prudencial".
El PNV plantea que esa petición, que se recogerá en su historia clínica, deberá ser analizada por otro médico distinto que la rechazará o aprobará y que estará presente en la práctica de la eutanasia o suicidio asistido e informará al forense. En caso de duda, se deberá consultar a un psiquiatra ara la autorización.
Junto a este asunto, el PNV reclama la creación de un sistema propio de Seguridad Social en Euskadi y Navarra. Un sistema que rompería la caja única y que en Euskadi se complementaría con impuestos y con los planes privados.
Otra de las comunicaciones, elaborada por el EBB, se refiere al deporte, tanto al fomento de su práctica, especialmente entre jóvenes, mujeres y mayores, como al deporte profesional. Tras un trabajo interno de tres años, el PNV apuesta por situar a Euskadi en los primeros puestos de Europa en práctica deportiva, crear una tarjeta deportiva vasca que facilite el acceso a todas las instalaciones de la comunidad, condicionar las ayudas a las federaciones a la promoción del deporte femenino y a la "excelencia deportiva" y adaptar los sistemas antidopaje a lo establecido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Los planes de promoción de los deportes autóctonos, con la creación de un organismo de investigación sobre los mismos, la celebración de competiciones internacionales en Euskadi y el trabajo para el reconocimiento de las selecciones vascas son líneas incluidas en el uso del deporte como "agente vertebrador de la identidad vasca".
El PNV llegó a Pamplona muy unido, con la mayor cota de poder institucional desde 1986 —cuando el partido se partió en dos y nació Eusko Alkartasuna— y con la lección del pragmatismo muy interiorizada. Frente a la convulsión y el choque de trenes de la vía unilateral hacia la independencia que propone el Gobierno catalán, y en Euskadi la izquierda abertzale,y el fracaso de la vía Ibarretxe, el PNV se aferra a la posibilidad de que un nuevo Gobierno en España acabe pactando una nueva relación que se plasme en un nuevo estatuto.
El partido pretende elevar sustancialmente el techo del autogobierno vasco y su presencia internacional y que fije un nuevo sistema para dirimir las diferencias. Aseguran que el Tribunal Constitucional ha fracasado como árbitro. El responsable del área institucional del partido, Koldo Mediavilla, ha dejado claro que no van a poner fechas a su plan ni a las consultas para facilitar el acuerdo.
La ponencia política, que ha sido debatida y recibido aportaciones de los 30.000 afiliados del partido, es heredera del denominado plan Ibarretxe de 2004 y de los acuerdos de Loiola de 2006 que abrieron la puerta al fin de ETA en 2011. Coincide con la propuesta de nuevo estatuto que el PNV ha hecho a la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco, que se debate desde hace cinco semanas.
Una consulta previa y otra de ratificación. La principal novedad de la vía para actualizar el autogobierno es lo que denomina consulta habilitante. El nuevo mecanismo para redefinir el encaje de Euskadi en España plantea dos consultas. La primera que bautizan como habilitante, se produciría una vez aprobado el nuevo estatus en el Parlamento vasco con el objetivo de comprobar el respaldo social que tiene. El PNV entiende que un amplio respaldo social fruto de un amplio acuerdo político, evitaría la lectura de que el nuevo estatuto es cosa de los partidos nacionalistas. La ratificante llegaría cuando el nuevo texto salga aprobado del Congreso. Esta segunda está prevista en el mecanismo constitucional para la aprobación del Estatuto.
Derecho a decidir. El PNV se muestra muy cauto. No abandona esa demanda, pero la pone en cuarentena y, sobre todo, no la concreta. Sostiene que hay que crear las “condiciones políticas y sociales” que posibiliten la “institucionalización” del derecho a decidir y pide ayuda a los soberanistas para crearlas. “Es necesario saber leer los tiempos correctamente”, cita la nueva hoja de ruta. La ponencia, denominada Batasuna eta Indarra (Unidad y fuerza), el mismo nombre de la histórica asamblea que el PNV celebró en Pamplona en 1977, tras salir de la clandestinidad, sí deja claro que hay que abordar una segunda transición para Euskadi. Aseguran que el actual Estatuto está agotado. “Además, el Estado se está mostrando incapaz de aceptar las realidades nacionales vasca, catalana y también en cierta medida la gallega, lo que obliga a un cambio de ciclo”.
Una segunda transición para la que dan alternativas. “Podría acometerse a través de una reforma constitucional, que reconozca el derecho de autodeterminación del Pueblo Vasco”, o bien profundizando en los derechos históricos y reconociendo “la realidad jurídica-política originaria propia y preconstitucional de los territorios que conforman Euskal Herria”. Los derechos históricos están reconocidos en la Constitución y en el Estatuto.
Reforma constitucional. Los nacionalistas no plantean de primeras una reforma de la Constitución para pactar el nuevo estatuto. Pero explican que de producirse esa reforma en clave federal, el PNV pedirá que se incluya el derecho de autodeterminación en la nueva Ley Fundamental. El PNV recela de la propuesta federal que plantea el PSOE, sobre todo si mantiene la actual estructura de comunidades autónomas. Euskadi “no es una simple comunidad autónoma, y ello debe de quedar claro en un futuro acuerdo político”.
En ese contexto plantea la relación “bilateral con el Estado”, es decir, entre iguales y cuyos acuerdos se produzcan en una comisión formada por un número igual de representantes designados por los Gobiernos central y vasco. Entienden que esa fórmula garantizaría que el nuevo pacto va a ser cumplido, y de que, por ejemplo no va a ser tumbado o “cepillado” en el Constitucional. El PNV propone crear una sala especial en el seno de ese tribunal para dirimir los conflictos competenciales.
Reconocimiento de la nación vasca. El documento precisa que el reconocimiento del carácter de nación como algo cultural, o sin contenido, no es suficiente y debe ir acompañado de “determinada simbología y reconocimiento externo”. Es la manera que tienen de reclamar presencia internacional en un contexto de igualdad con el Estado, aunque no en todos los niveles. Por ejemplo se refieren a lograr representación en algunos foros internacionales como la Unesco o a la participación de las selecciones nacionales vascas en todos los ámbitos deportivos.
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