El PP apremia a la investidura con la situación de los mercados

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apremiado este viernes, tras el Consejo de Ministros, al presidente de las Cortes, Patxi López, y al candidato nominado por el Rey, el socialista Pedro Sánchez, a que aborden cuanto antes y "sin demora" la fecha del pleno de investidura para empezar a aclarar el panorama político del país y para "despejar esa incógnita" de quién podría ser el próximo presidente en España "ante los mercados y los inversores". Esta ha sido la nueva presión desde el Ejecutivo en funciones del PP hacia el dirigente del PSOE para se someta ya al voto de los diputados del Congreso pocas horas antes de que Sánchez y Mariano Rajoy celebren esta tarde, a las 17.00, la reunión bilateral que el líder popular viene reclamando desde hace 50 días.

Santamaría no quiso explicitar el malestar del Gobierno y el PP con el nuevo presidente del Congreso por el método y el calendario que está manejando para cuadrar una fecha para el pleno de investidura. López tiene pensado abordar ese asunto en la Mesa de la Cámara baja convocada para este martes. Pero desde el Ejecutivo que preside aún Rajoy y desde su partido se filtra más o menos con sordina el descontento con su actuación.

La número dos del Ejecutivo aprovechó la pregunta sobre si Rajoy pensaba esta tarde trasladar a Sánchez una queja por esa presunta ralentización del calendario para la investidura para subrayar que el presidente lo que sí le comentará al secretario general del PSOE, al fin a la cara, es lo que quiere hablar con él desde poco después de las elecciones del pasado 20-D. Santamaría repitió ahí el argumentario sobre que Sánchez no ha querido ni escuchar en este tiempo la oferta de Rajoy para montar una gran coalición en España entre PP, PSOE y Ciudadanos y que ese "rechazo frontal" se lo ha impedido "hacerlo con anterioridad".

El equipo de Rajoy en La Moncloa defiende, en esa línea, que el candidato popular tiene todo el derecho a sostener su candidatura incluso, pese al continuo reguero de escándalos de corrupción que salpican a su organización. Santamaría refrendó así que avalan a Rajoy los 7.200.000 votos cosechados por el PP en las elecciones, el haberlas ganado y haber sido el más votado. Sobre la corrupción apenas aportó que el Gobierno actual ha elaborado muchas leyes, que ha dejado trabajar con independencia a la fiscalía y los jueces y que informes internacionales como el Greco respaldan esa trayectoria con solo demandas de que se regule mejor la actuación de los lobbies y los modelos de contratación.

Santamaría aceptó que la facultad de convocar el pleno de investidura depende ahora del presidente del Congreso pero sí le apremió a que lo fije cuanto antes porque entiende "que es bueno tener cuanto antes una definición y un panorama estable para trabajar" y ahí añadió que esa exigencia es aún más necesaria ahora "ante el momento de gran incertidumbre de los mercados y los inversores".

El Gobierno, sin embargo, no quiso profundizar ni rebatir nada sobre los mensajes que proceden de la Unión Europea y los líderes del Eurogrupo sobre que no se permitirá a España incumplir sus obligaciones y sus compromisos de déficit, pese a las posiciones flexibles que mostró Rajoy el jueves tras su reunión con el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, y pese a la oferta implícita de aceptar esa negociación que figura en el documento de negociación que le entregó. Santamaría se limitó a indicar que el Gobierno actual cumplirá sus obligaciones e intentará negociar dentro de los límites que dispone la reglamentación europea actual.

Santamaría ni siquiera concedió que Rajoy había admitido formalmente el día anterior que España no cumplirá el objetivo de déficit marcado por Europa para 2015, aunque lo dio a entender al apuntar que se situará en el 4,5 frente al 4,2 establecido. La vicepresidenta afirmó que las manifestaciones de Rajoy habían sido una "valoración a título global" para destacar el esfuerzo realizado para reducir ese objetivo de déficit del 9,2 con el que se recogió en 2012 a la mitad ahora. El Gobierno conocerá y dará oficialmente esos datos en marzo.