Rajoy ofrece que un secretario de Estado comparezca por él

El presidente en funciones acudirá el próximo día 18 a Bruselas para participar en el Consejo Europeo, donde está previsto que se adopten decisiones trascendentes como la oferta al primer ministro británico, David Cameron, para evitar el Brexit,o medidas para frenar la llegada de refugiados.

Habitualmente, el presidente debate a posteriori en el pleno del Congreso la conclusiones de los consejos europeos, mientras que el secretario de Estado para la UE informa previamente a la Comisión Mixta para la UE, donde se sientan diputados y senadores.

Sin embargo, al estar el Ejecutivo en funciones, el PSOE y Ciudadanos consideran que el Gobierno debe pactar una posición común con los restantes partidos antes de ir a Bruselas. Por eso, ambos han pedido que se convoque un Pleno. Los socialistas creen que debe comparecer el propio Rajoy, mientras que Ciudadanos no especifica quien debe hacerlo.

Al pleno podría acudir el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, ya que el presidente puede delegar en cualquier ministro. Pero el Gobierno entiende que, al estar en funciones, no está sujeto a control del Parlamento, según explicó este viernes la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría.

“El Gobierno está en funciones, no tiene la confianza de la Cámara. Tenía la confianza de la Cámara anterior, y ésta no puede controlarlo. Solo puede ser controlado por la jurisdicción contenciosa, si se considera que se excede de sus competencias en funciones”, explicó.

Por eso, La Moncloa quiere que sea el secretario de Estado de la UE, Fernando Eguidazu, quien comparezca ante la Comisión de Exteriores del Congreso, que se constituye el próximo jueves.

La petición de que celebre un pleno, presentada por el PSOE y Ciudadanos, sigue su curso. El reglamento de la Cámara obliga a convocar un Pleno si lo piden dos grupos o 70 diputados, por lo que la petición cumple los requisitos formales y será estudiada en la Mesa y la Junta de Portavoces del martes. Si se aprobara y el Gobierno se negara a que Rajoy o Margallo acudieran al Pleno, se produciría un conflicto institucional entre Ejecutivo y legislativo del que no se no recuerdan precedentes.

La negativa es más incomprensible porque el Gobierno dispone de informes jurídicos que le advierten de que, estando en funciones, no puede decidir sobre asuntos del calado de los que se debatirán en el Consejo Europeos. Rajoy puede, según las fuentes consultadas, asistir a la cumbre y negociar, dado el carácter urgente de los temas a tratar, pero no asumir compromisos que vinculen al futuro Ejecutivo, según se deduce de la ley del Gobierno y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Entre otros aspectos, la oferta a Cameron que debatirán los mandatarios europeos incluye limitaciones de derechos sociales durante cuatro años para los españoles que vayan a trabajar al Reino Unido o el compromiso de incluir algunas de las cesiones a Londres en futuras reformas de los tratados.

Para paliar esta falta de legitimidad, los expertos aconsejan obtener el respaldo previo del Congreso, expreso o implícito, a los compromisos que se vayan a asumir. En diciembre de 2011, José Luis Rodríguez Zapatero asistió a la cumbre europea como presidente en funciones, pero antes consensuó la posición que defendió en Bruselas con Rajoy, que había ganado las elecciones pero aún no había sido investido.