El juez Andreu sienta en el banquillo a Rato y Blesa por las tarjetas ‘black’

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decretado este lunes la apertura de juicio oral contra los expresidentes de Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa, así como a otros 64 imputados, por el caso de las tarjetas de crédito opacas, a la que un total de 85 consejeros y directivos de la entidad y de su sucesora, Bankia, cargaron 15,5 millones de euros en gastos personales entre los años 1999 y 2012.

La fiscalía pide cuatro años y medio de prisión para Rato y seis años para Blesa por apropiación indebida. El ministerio público reclama que el exvicepresidente del Gobierno reintegre a la entidad los 2,69 millones de euros que los responsables de Caja Madrid y Bankia cargaron a las tarjetas opacas durante su mandato. En el caso de Blesa, la Fiscalía quiere que devuelva 9,34 millones de euros correspondientes a su etapa al frente de la caja madrileña, rescatada con 22.424 millones de euros públicos. La vista oral se celebrará en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional en una fecha aún por determinar.

Además de las penas de prisión y la indemnización —que deberían abonar solidariamente con él los usuarios de las tarjetas— el fiscal reclama a la Audiencia Nacional que imponga a Rato una multa de 108.000 euros por un delito de apropiación indebida. El exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional se puede beneficiar, sin embargo, de la atenuante de reparación del daño. Rato ha devuelto a su antigua empresa la práctica totalidad de los 99.054 euros que cargó a su tarjeta. Otros 10 de los 66 procesados también han reintegrado sus cantidades.

El caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, pieza separada del caso Bankia sobre la salida a bolsa de la entidad, se destapó en octubre de 2014, y fue uno de los mayores escándalos políticos de la pasada legislatura. La trama, denunciada por el equipo de José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, afectó a los principales partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, y, entre otros, le costó el puesto de asesor de Felipe VI a Rafael Spottorno, exjefe de la Casa del Rey, que cargó 235.818 euros a su tarjeta black en su época al frente de la Fundación Caja Madrid.

La causa afecta finalmente a 66 procesados. De los cargos entre 1999 y 2003 no hay constancia documental suficiente para formular la acusación, la causa de 14 usuarios ha sido declarada prescrita y tres han fallecido: Guillermo Marcos, Pedro Bujidos y Mercedes de la Merced. Para el resto de procesados, el ministerio público reclama penas que oscilan entre los cuatro años de cárcel —para los miembros del Consejo de Administración de la caja que dieron el visto bueno al sistema y se lucraron con él— y un año de cárcel.

Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ejercen la acusación particular, imputan a Rato y Blesa por administración desleal aparte de por apropiación indebida. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri reclama, sin embargo, penas más leves que las solicitadas por la fiscalía: cuatro años de cárcel para Blesa y tres para Rato.

Por su parte, el FROB, dependiente del Estado, pide la mayor pena de las acusaciones particulares: cuatro años y nueve meses para Blesa, tres años para Rato y dos años y nueve meses para Ildefonso Sánchez Barcoj, el número dos de la entidad.

La mayor solicitud de pena la realizó UPyD. El escrito de Andrés Herzog, abogado de la formación cuando se formalizó la petición, reclamaba 10 años de prisión para Rato, Blesa y Sánchez Barcoj. La formación fundada por Rosa Díez pide para los tres acusados seis años de prisión por delito de apropiación indebida cometido por el uso de sus propias tarjetas y cuatro años de cárcel por administración desleal en la emisión de las tarjetas visa de los otros 63 beneficiarios, para quienes solicita una condena de seis años.