El Consejo de Europa critica los salarios de los menores en España

El Consejo de Europa ha emitido este miércoles un informe en el que ha encontrado que 31 de los 47 países que lo conforman violaron el pasado año 277 normas del código de derechos sociales, incluido España. El país suspende en seis puntos, especialmente en los relacionados con los menores de 18 años en el mercado laboral. "Su salario no es justo", concluye el Consejo que añade, además, que España no ha aclarado si la remuneración de los "aprendices" es la adecuada.

España ha aprobado en el cumplimiento de varios puntos de la norma. En concreto, supera "de conformidad", según las 42 páginas referentes al país, 16 puntos relacionados con la infancia, las familias y los migrantes. Pero suspende en seis puntos. En concreto, el Consejo opina que el salario de un menor debe ser "al menos" el salario mínimo de un adulto y que la diferencia no debe radicar en la mayoría o minoría de edad. El pasado 4 de enero, el Gobierno aprobó la subida del 1% para el salario mínimo interprofesional para 2016, hasta los 655,20 euros al mes en 14 pagas.

El comité de derechos sociales ha llegado a la conclusión de que el salario de los menores "está muy por debajo" —en ocasiones, hasta un 60% menos— que el salario mínimo de un adulto, explica el documento. En el caso de lo que el Consejo llama "aprendices" (becarios), las conclusiones son muy claras: "El puesto no debe prolongarse y la remuneración debería ir en aumento (…) y en ningún caso estará por debajo del salario mínimo". Además, el comité rechaza la idea de que las condiciones de un aprendiz sean equivalentes a la de un trabajador menor.

España "incumple"

El comité de derechos sociales ha sido duro con España en cuanto a la protección legal y económica que el Estado otorga a las familias. "Ya que no hemos recibido toda la información requerida, llegamos a la conclusión de que [España] incumple con la carta de derechos sociales", explica y pide al Gobierno que entregue la información detallada en el futuro.

Además, el país deberá enviar más información en lo referente a tres artículos de la Carta de Derechos Sociales: prohibición de contratación de personas susceptibles de recibir enseñanza obligatoria, ilegalidad del despido durante la baja de maternidad y garantías en lo que se refiere a la deportación. Pero según han asegurado los autores del documento en rueda de prensa, "las autoridades españolas no ha comunicado nada aún".

"Las instituciones han entendido que hay que prestar más atención a los derechos sociales", ha dicho el presidente del organismo, Giuseppe Palmisano, durante la presentación de las conclusiones en Estrasburgo (Francia), que ha coincidido con la presentación en Bruselas de una macro consulta en los Estados miembros sobre el estado de las políticas sociales a todos los niveles por la comisara de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen.

"Trabajamos en el pilar social de la UE", ha remarcado la comisaria en una brevísima intervención introductora en la que ha mostrado su intención de desarrollar políticas sociales a largo plazo. "Empezaremos ahora", ha asegurado.