Educación promete un registro estatal de casos de acoso escolar

España tendrá un registro sobre casos de acoso escolar y otros episodios de violencia en las aulas, cuyos primeros datos estarán en junio. El Ministerio de Educación ha incluido este proyecto dentro del plan de convivencia escolar cuyo borrador ha llevado este viernes al Consejo de Ministros, con una batería de medidas previstas. El proyecto prevé la formación específica de profesores y una guía para padres de alumnos disponible a partir de abril, según la información que ha facilitado el ministro Íñigo Méndez de Vigo. El presupuesto aún no está cerrado.

El anuncio de esta iniciativa se produce la misma semana en la que la familia de Diego, un menor de 11 años que se suicidó en Madrid en octubre, ha hecho pública la carta de despedida de su hijo. En ella, decía: “No aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir”. La familia del menor reclama ahora que se reabra el caso, archivado por un juzgado de Leganés (Madrid). Ni los padres ni el centro, un colegio concertado religioso del barrio madrileño de Villaverde, detectaron la gravedad del problema que tenía el menor ni que pudiera tratarse de un caso de acoso escolar, algo sobre lo que el centro asegura seguir sin tener evidencias.

El plan de Educación, cuyo rodaje empezó con el anterior ministro José Ignacio Wert en abril, incluye elaborar un protocolo de actuación en colaboración con las comunidades autónomas. El ministerio asegura que el dinero para poner todas las medidas en marcha saldrá del programa de cooperación territorial, que incluye 40 millones para distintas iniciativas, como idiomas, atención a alumnos con necesidades educativas especiales, Formación Profesional dual, salud escolar y la convivencia escolar. "El reparto se hace en conferencia sectorial de Educación, por lo que no podemos adelantar criterios", explica un portavoz, que señala que las partidas estarán relacionadas con "el número de alumnos en cada comunidad autónoma". Educación contabiliza hasta 70 medidas diferentes, aunque algunas de ellas ya estaban en marcha o incluso se han dejado de aplicar en los últimos cuatro años.

Dos especialistas en convivencia escolar —la psicóloga Ana Lillo y la presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE), Ana Cobo— reclamaban ayer que el plan incida más en la prevención y en la educación en convivencia de los menores y que añada, además, la obligación de contar con más orientadores escolares en los centros. La Unesco recomienda uno por cada 250 alumnos aunque la media española se eleva hasta 800, según estimaciones de COPOE.

En el colegio de Diego, que estudiaba primaria, no había orientador para su ciclo. En el instituto de Arancha, la chica de 16 que se suicidó también en Madrid el pasado mayo, tenían uno para todo el centro, con más de un millar de alumnos. “Echo en falta medidas más centradas en los alumnos de infantil y primaria, para trabajar la prevención”, considera Ana Lillo, psicóloga experta en intervención en casos de acoso escolar en centros educativos. “No queremos que todo quede en una nota de prensa. Es necesario un plan que responda a una labor permanente y no a un hecho puntual”, añade.

Estas son las principales medidas anunciadas por el ministro y la opinión de distintos especialistas al respecto:

Plan de formación de profesores. El ministro ha explicado que los profesores recibirán “formación específica sobre convivencia escolar” y que se incluirá esta materia en los procesos de selección para ser docente, en las oposiciones. Anuncian que los programas de formación del profesorado estarán a disposición de los docentes "a finales de junio". Lo coordinará el Instituto de Tecnologías de la Educación y Formación del Profesorado (INTEF) con "formación a distancia combinada con clases presenciales". El sindicato Comisiones Obreras considera el anuncio “poco creíble” porque en los últimos tres años los fondos para preparación y reciclaje de docentes “se han recortado un 80%”, según Francisco García, en declaraciones a la agencia Europa Press. Falta determinar quién dará esa formación y cómo.

Hay ejemplos que ya están en marcha. El Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, que firmaron los ministerios de Educación e Interior ya en 2007, contempla la participación de la Policía Nacional. Entre otras medidas, los agentes acuden a las aulas para dar charlas sobre bullying en sus variedades más actuales, como el ciberacoso. “Los docentes y las familias también deben estar formados para prevenir conductas delictivas”, señala la inspectora jefa Esther Aren, delegada provincial de Participación Ciudadana de Madrid. Es una unidad preventiva policial que trabaja con los centros. Sus actuaciones se centran en padres, profesores y estudiantes. En Madrid, su unidad organiza jornadas de seis horas con los docentes. “Si se detecta un caso de acoso, les explicamos que primero deben llamar a los padres y luego al delegado de participación ciudadana”, señala. “El acoso escolar es la droga de los 80, está en todos los colegios y hay que prevenir para evitarlo”, concluye esta experta policial.

Registro con datos estadísticos. El borrador del plan incluye la creación de un registro estatal “que recogerá todos los datos estadísticos de convivencia escolar en todo el territorio nacional”, según ha informado Educación. Distintas asociaciones contra el acoso escolar -como la madrileña Amacae, que ofrece cifras propias- han reclamado esta recogida de datos para poder dimensionar el problema, igual que ocurrió en su momento con las estadísticas sobre violencia de género. Sin embargo, la presidenta de COPOE, Ana Cobos, considera que es el paso último: “Ya hay comunidades, como Andalucía, donde los observatorios existen. Pero me sigue pareciendo muy pobre fijarse en el problema y no en la prevención”.

Red de escuelas 'tolerancia cero'. Educación anuncia una red que reconocerá a los centros que “demuestren haber mejorado su convivencia”. La psicóloga Ana Lillo considera que iniciativas como las Actuaciones Educativas de Éxito "son muy interesantes". “Este tipo de actuaciones que incluyen trabajar en aulas con grupos interactivos y que inciden en la convivencia son muy adecuadas”, considera esta especialista bregada en la actuación directa en los colegios.

Teléfono gratuito. El ministerio lo anunció el pasado miércoles. El servicio, en proceso de licitación, será gratuito y quienes llamen podrán ser atendidos por expertos en psicología, pedagogía y justicia. “Es una buena iniciativa, ayudar a los niños a una primera petición de ayuda es necesario", considera Ana Cobos, de COPOE.

Protocolo de convivencia escolar. Educación prevé coordinarlo con las comunidades para “poder prevenir los casos de acoso escolar en las aulas y actuar de manera inmediata en el caso de que se produjeran”. La mayoría de comunidades autónomas ya tienen protocolos propios en marcha. En el caso de Arancha, el protocolo se activó pero resultó insuficiente. La menor acudió con la familia a denunciar el caso en una comisaría de policía y tuvo un seguimiento tanto del centro como de la inspección educativa, pero se suicidó. “Coordinar los protocolos regionales para hacer uno genérico está bien, pero son medidas muy basadas en la normativa, en lo que dice la inspección educativa y se fijan poco en las víctimas y en los procesos educativos”, considera Ana Cobos. “La convivencia se soluciona con intervención: trabajando con el acosador para que aprenda a relacionarse de otro modo y con la víctima para reforzarla”.

El Observatorio Estatal de la Convivencia. El Ministerio asegura que “se activará” este observatorio, aunque debería decir “se reactivará”. El observatorio de la convivencia, que ya existe, se reunió por última vez en diciembre de 2011, justo cuando arrancaba la legislatura del PP que ahora gobierna en funciones. El sindicato CSIF lamenta en una nota que "en los últimos cuatro años no se haya producido ninguna convocatoria” de este organismo del que forma parte el Gobierno, las comunidades, Ayuntamientos, sindicatos, asociaciones de padres y alumnos y la oficina del Defensor del Pueblo.