PSOE y Podemos aceptan tramitar ya proposiciones de ley

PSOE y Podemos están de acuerdo en que el Congreso pueda tramitar iniciativas aunque sean proposiciones de ley y aunque haya un Gobierno en funciones. No obstante, los socialistas son conscientes de que es imposible que terminen siendo aprobadas. Los plazos hacen imposible la aprobación estas iniciativas.

En todo caso, cualquier decisión está pendiente de un informe legal que se ha solicitado a los servicios jurídicos de la Cámara para saber qué se puede hacer sin que haya investidura. Ese informe será determinante para que el Congreso tenga claro hasta dónde puede llegar antes de que se invista a un presidente del Gobierno.

La situación es nueva porque nunca se había planteado este funcionamiento, pero ahora que la investidura puede prolongarse dos meses los principales partidos plantean que la Cámara no esté inactiva y, por eso, han presentado iniciativas en el registro.

De esa actividad excluyen todos la función de control al Gobierno, porque no tendría sentido hacerlo con un Ejecutivo en funciones. Solo se plantearía para pedir explicaciones sobre actos que considere que exceden de estar en funciones.

No hay problemas con proposiciones no de ley o las de funcionamiento interno como la petición de crear una ponencia de reforma del Reglamento. Esta última tiene un valor simbólico porque es imposible culminar sus trabajos en dos meses, pero están dispuestos a hacerlo.

La duda surge con las proposiciones de ley. Por ejemplo, las que piden derogar leyes de la anterior legislatura o la ley 25 de Podemos con medidas sociales. El Reglamento exige que se pida informe al Gobierno en un plazo de un mes. Suponiendo que se admita que un Gobierno en funciones puede hacerlo, los plazos llevan el trámite a finales del mes de febrero.

En la hipótesis de que la proposición de ley sea aprobada en el Congreso, debe ir al Senado donde el PP tiene mayoría absoluta. En el mejor de los casos, la Cámara alta tiene un mínimo de 20 días para votar la proposición. Esos plazos llevan ya a superar los dos meses sin investidura que provocarían la disolución de las Cortes y, por tanto, las proposiciones de ley decaerían.

Siguiendo con las hipótesis, es de suponer que el PP rechazaría en el Senado esas reformas legales. Es decir, debería volver al Congreso, pero eso sería ya imposible de cumplir en solo dos meses. En esos trámites hay otros de funcionamiento interno difícil de cumplir como la creación de comisiones en el Congreso. Siempre se ha esperado a que haya Gobierno para que haya simetría con los ministerios, pero esta vez hay voluntad de acelerar los trámites si así lo permite el informe pedido a los letrados del Congreso. Eso, a su vez, abriría un nuevo periodo de negociaciones para designar a los presidentes de esas comisiones. También para eso la situación es nueva y lo más probable es que se estableciera una proporcionalidad. Incluso con mayorías absolutas hay algunas como la de control de RTVE o la de Exteriores que se suelen dejar para partidos de la oposición.