Rivera defenderá en el Congreso una moción sobre la unidad de España

Albert Rivera debutará en el Congreso planteando una moción en defensa del artículo uno de la Constitución, que establece que la soberanía nacional reside en el conjunto de los españoles; proponiendo medidas de regeneración como limitar los mandatos a ocho años, acabar con los indultos a políticos y los aforamientos; y registrando medidas en favor de autónomos e hipotecados. Así lo afirmaron ayer fuentes de la Ejecutiva de Albert Rivera, que reiteró su negativa a votar a favor de investir presidente a Mariano Rajoy o a Pedro Sánchez.

Ciudadanos espera haber constituido su grupo parlamentario mañana —tiene de límite hasta el lunes— y presentar entonces sus primeras iniciativas en una Cámara en la que nunca había logrado representación.

Fuentes de la Ejecutiva del partido recalcaron la importancia de que todas las formaciones “se retraten” con su voto sobre el artículo uno de la Constitución justo cuando el nuevo Gobierno de la Generalitat aboga por la independencia “y el principio de que la soberanía reside en el conjunto de los españoles se pone en duda en varios Parlamentos”.

Los dirigentes de Ciudadanos confían en el calado político de una votación que probablemente tensionaría la relación entre el PSOE y Podemos. El partido de Pablo Iglesias defiende la convocatoria de un referéndum vinculante en Cataluña, pero no ha aclarado aún si antes afrontaría una reforma constitucional para modificar el artículo uno, o si celebraría la consulta directamente. A su vez, los socialistas, según recuerdan fuentes de Ciudadanos, no votaron siempre a favor de una iniciativa similar presentada este verano en todos los Parlamentos autonómicos en los que el partido de Rivera tiene representación.

Justo antes de las elecciones catalanas, aquellas mociones autonómicas pedían también a los Parlamentos que expresaran su solidaridad con los catalanes que querían seguir siendo españoles. Solo unas horas después de que se formara el Gobierno de la Generalitat, y de que Carles Puigdemont, su presidente, no prometiera lealtad a la Constitución, Ciudadanos decidió reproducir esa hoja de ruta.

“Habrá tres ejes fundamentales. Uno, defensa de los valores civiles, de la unión, la igualdad y las libertades de los españoles. Dos, defensa de un modelo económico y social que ayude a la gente que peor lo está pasando. Y, finalmente, medidas de regeneración democrática”, avanzó Albert Rivera, que aseguró que la llegada de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat no hará que varíe su decisión de no apoyar con un voto afirmativo las posibles investiduras de Mariano Rajoy o Pedro Sánchez. “No hemos cambiado la posición ni pretendemos cambiarla”, dijo el presidente de Ciudadanos, que también quiere empezar a negociar ya con el resto de fuerzas un pacto nacional por la educación.

Ciudadanos logró 40 diputados en las elecciones generales del 20-D. Ese resultado, que le hace intrascendente por sí mismo para la investidura del próximo presidente, puede convertir al partido, sin embargo, en una fuerza clave en el Congreso. Sus dirigentes están convencidos de que su papel mediador entre PP y PSOE en la formación de la Mesa de esta Cámara demuestra que son el partido mejor situado para lograr consensos a ambos lados del arco ideológico.

PSOE y Podemos

Rajoy ya ha anunciado su deseo de intentar articular una mayoría entorno a un programa de reformas. Sánchez avanzó ayer que su partido presentará 15 iniciativas en cuando se constituya el Congreso. Podemos, por su parte, ya hizo pública su ley 25 de emergencia social. Que a todas esas propuestas se unan ahora las de Ciudadanos permitirá comparar por primera vez cuáles son los puntos de coincidencia entre los principales partidos y qué apoyos buscan entre las fuerzas minoritarias.

En el partido de Rivera se admite que puede haber puntos de consenso con Podemos en varias de las propuestas de su ley 25. El equipo económico de Ciudadanos ya propuso en su programa la elaboración de un plan de rescate para las familias endeudadas, que incluiría financiación directa por parte de los poderes públicos y entidades financieras, así como quitas puntuales del montante de la hipoteca o de la carga financiera; y que aquellas personas en situación de emergencia social que dejen de pagar la hipoteca puedan utilizar su hogar durante tres años a cambio de un justiprecio.