El Gobierno expulsa de España a dos yihadistas por "seguridad nacional"

El Gobierno ha expulsado de España en 2015 a dos yihadistas condenados a penas de prisión por razones de “seguridad nacional” y les ha prohibido regresar en un plazo de 10 años, según afirman fuentes oficiales de la lucha antiterrorista. Los jueces, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) apoyaron en diferentes informes su inmediata salida. Desde los atentados de Atocha en 2004 los Gobiernos del PSOE y PP han expulsado del país a más de 100 yihadistas. Ninguno de ellos ha regresado,

Los dos expulsados fueron obligados a salir del país a las 72 horas de dejar la prisión en la que cumplieron varios años de cárcel por delitos de terrorismo. En ambos casos fueron conducidos al aeropuerto madrileño Adolfo Suárez y embarcados en un avión rumbo a Marruecos, país del que eran nacionales.

La expulsión de yihadistas por razones de “seguridad nacional” no es nueva. En 2014 el ejecutivo expulsó a 17 miembros de distintas células de Al Qaeda y otros grupos salafistas condenados y presos en cárceles españolas. Diez de ellos abandonaron España por la fuerza una vez cumplidas sus condenas y alcanzada la libertad definitiva, cuatro fueron expulsados en un plazo de 72 horas por encontrarse en libertad y a uno se le sustituyó su pena por la expulsión a su país de origen, una petición habitual de sus abogados que casi nunca conceden los jueces. Todos residían en España con sus familias.

Las expulsiones se ejecutan de inmediato, en silencio y sin publicidad

Los 17 expulsados en 2014 fueron enviados a sus cinco países de origen: Argelia (2), India (1), Pakistán (8); Marruecos (5) y Túnez (1). Los ocho paquistaníes y el indio expulsados fueron condenados a penas de más de diez años de cárcel por urdir un plan para volar el metro de Barcelona. “De los 11 condenados, expulsaron a todos menos a uno que tenía la nacionalidad española. Los echaron el mismo día que salieron de prisión. Habíamos pedido la sustitución de la pena por expulsión, pero la Sala lo denegó”, afirma su letrado Benet Salellas.

El Código Penal establece que las condenas de menos de seis años a ciudadanos no comunitarios no residentes se pueden sustituir por la expulsión. Y en condenas superiores en la fase del tercer grado (semilibertad) o cumplimiento de la cuarta parte de la pena, pero en pocos casos se concede a los yihadistas sentenciados. El abogado Salellas señala que varios argelinos expulsados han sido de nuevo detenidos al llegar a su país, juzgados y condenados. “Se plantea otro nuevo relato y les sentencia a dos o tres años más”, asegura.

La política de expulsiones de yihadistas se inició en silencio y sin publicidad tras los atentados del 11 de marzo de 2004, que causaron la muerte de 192 personas y 1.852 heridos. Busca alejar de España a personas consideras “muy peligrosas” y evitar nuevos ataques terroristas como los ocurridos en Madrid, Londres o París, según afirman fuente de la lucha antiterrorista. Únicamente entre 2013 y 2014 el Gobierno expulsó a 32 miembros de Al Qaeda.

Las expulsiones a Siria se han detenido desde que estalló el conflicto en ese país, según reconocen fuentes del Ministerio del Interior que aseguran que en el caso de países donde no se respetan los derechos humanos los afectados pueden pedir el derecho de asilo.

Es el caso de Mohamed Needl, sirio de 49 años, casado con Nayat, una ceutí dueña de la casa de Morata de Tajuña donde los terroristas montaron las bombas que explotaron en los trenes de Atocha. El juez le considera “un individuo altamente peligroso” para la seguridad nacional, pero desde hace cinco años ha logrado evitar su expulsión. “Estoy aquí y estoy vivo. En Siria me habrían matado nada más llegar”, describía ayer. Mohamed, lleva 21 años en España, es padre de cinco hijos, cumplió ocho años de cárcel por pertenecer a una célula yihadista ligada al 11-S y tiene una empresa de reformas.