El fiscal ofrece pactar a decenas de pilotos militares para no ir a prisión

El fiscal militar ha ofrecido una sentencia de conformidad a decenas de pilotos del Ejército del Aire acusados de cobrar indemnizaciones por falsas mudanzas. La oferta pasa por que se declaren culpables, acepten una pena de tres meses y un día de cárcel y devuelvan el dinero indebidamente cobrado (entre 1.500 y 4.500 euros). La fiscalía pretende evitar una cadena de juicios en los que hasta un centenar de mandos debería sentarse en el banquillo y enfrentarse a penas de hasta 10 años de cárcel, lo que podría dejar sin pilotos a algunas unidades.

La investigación abierta en 2012, después de que un empleado civil del Acuartelamiento Aéreo (ACAR) de Getafe (Madrid) detectara un error en el kilometraje de una de las facturas, sacó a la luz una práctica fraudulenta generalizada en algunos estamentos militares: el cobro indebido de la Indemnización por Traslado de Residencia (ITR) por mudanzas inexistentes.

El Juzgado Togado Militar Central número 2 dictó en 2014 auto de procesamiento contra 45 pilotos del Ejército del Aire (un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes y seis sargentos), pero el Tribunal Militar Central lo revocó y ordenó dividir el sumario entre nueve juzgados militares, en función del lugar de residencia, por estimar que los acusados no formaban una trama organizada para defraudar a las arcas públicas, sino que seguían el patrón de una picaresca individual.

Lejos de resolver el problema, el troceamiento del caso lo ha multiplicado como una hidra y ya se acercan al centenar los militares imputados. Solo en el juzgado militar territorial número 12 de Madrid hay 43 implicados: un comandante (diferente al que investigó el juez central), 21 capitanes, cuatro tenientes, 12 suboficiales y cinco cabos.

Para evitar no ya un macroproceso pero sí una retahíla de juicios con decenas de mandos militares acusados, el fiscal togado les ha ofrecido que firmen una sentencia de conformidad declarándose culpables y devuelvan la indemnización fraudulentamente percibida. A cambio, se les impondría una condena de tres meses y un día de cárcel, la mínima prevista, que no tendrían que cumplir ya que el nuevo Código Penal Militar, que entra en vigor el 14 de enero, permite (al contrario que el aún vigente) suspender el ingreso en prisión en penas de corta duración si no hay antecedentes.

En el caso de que los afectados no aceptaran el acuerdo con la fiscalía, podrían enfrentarse a penas de seis meses a cuatro años de cárcel, si se les acusara de deslealtad, o de dos a diez años si se les imputara un delito contra el patrimonio militar. Más allá del perjuicio que dichas penas podrían causar a los condenados y a su carrera militar, los procesos amenazan con casi vaciar de pilotos algunas unidades del Ejército del Aire.

La oferta de la fiscalía militar deja, sin embargo, algunos cabos sueltos. Uno es la situación de los responsables de las empresas que supuestamente facilitaron facturas falsas a los militares para que estos reclamaran la indemnización.

Una compañía de transportes, Sancho Ortega Int., con sede en Torrejón de Ardoz (Madrid), alegó que lo que entregó no fueron facturas, sino ofertas de presupuesto, lo que choca con el hecho de que cobrase más de 500 euros a cada implicado, una cantidad exorbitante por una mera oferta comercial. Si se demostrase la culpabilidad de las empresas de mudanzas, estas no solo podría ser acusadas del delito cometido por los militares, sino también de falsedad de documento o fraude fiscal, ya que no habrían declarado dichos ingresos a Hacienda.

Si no se trataba de facturas legales, también podrían haber incurrido en negligencia o complicidad los órganos de control del Ejército del Aire que las dieron por buenas.

Además, no todos los pilotos tienen la misma responsabilidad. Según el auto dictado en su día por el juzgado militar central, eran un teniente y un capitán quienes se encargaban de contactar con los pilotos recién salidos de la Academia de San Javier (Murcia) para ofrecerles facturas falsas a cambio de un 25% de la indemnización que percibirían por una mudanza que nunca tendría lugar.