Un juzgado investiga a un senador del PP por un supuesto ‘pucherazo’

Antonio Galván Porras, que ha sido senador del PP en la última legislatura y ha vuelto a obtener un escaño como cabeza de lista por Badajoz en los comicios del domingo, estaba llamado a declarar como imputado por un supuesto delito electoral. El juzgado número 2 de Zafra abrió una investigación para esclarecer el supuesto empadronamiento irregular de al menos 60 personas como residentes en garajes, casas derruidas, cortijos abandonados o gasolineras en el municipio pacense de Calzadilla de los Barros, de unos 850 habitantes y del que Galván Porras, de 59 años, es también alcalde. Este pueblo saltó a los titulares de la prensa en julio de 2015 porque pidió recibir el busto de Juan Carlos I que había sido retirado del Ayuntamiento de Barcelona por iniciativa del propio consistorio encabezado por Ada Colau.

Este supuesto 'pucherazo', del que se han hecho medios regionales como el diario Hoy, ha sido denunciado por el PSOE de Extremadura. La pretensión de Galván Porras era decantar la balanza electoral a favor de su formación en este municipio, según los socialistas extremeños, que aseguran tener indicios sólidos de que al menos más de 60 personas ajenas al pueblo fueron empadronadas irregularmente poco antes de las elecciones de 2011. Algunas en la propia sede local del PP.

Rafael Lemus, secretario provincial del PSOE de Badajoz, explica que Galván Porras es un "referente del PP en la provincia de Badajoz". Asegura, además, que los populares tenían conocimiento de las irregularidades que denuncian en Calzadilla de los Barros y que aún así consintieron que fuera incluido en primer lugar en la lista provincial al Senado. Lemus confía en que la investigación desemboque en la inhabilitación del investigado para ejercer los cargos públicos que ocupa.

Fuentes del Senado consultadas por EL PAÍS explican que el 13 de enero está previsto que se constituyan las cámaras, momento en el que Galván Porras acatará la Constitución y tomará posesión de su acta senatorial. Los senadores son aforados, por lo que la competencia de investigarle será del Tribunal Supremo. Así, la comparecencia ante el juzgado de Zafra solo podría tener lugar si el propio Galván Porras accediera voluntariamente a ello, según las mismas fuentes.

Desde la sede popular de Génova se remiten a lo dicho en su momento desde el PP de Extremadura y recuerdan que “se trata de un caso que ya ha sido archivado en dos ocasiones: una administrativa por parte de la Oficina del Censo Electoral, y otra de forma judicial por parte del juzgado de Zafra”. “El sustanciarlo ahora de nuevo, cinco años después, obedece únicamente a la interposición de un recurso que evidentemente tiene claros efectos electoralistas”, agregan.

El PP subraya, asimismo, que “los propios funcionarios municipales, tanto la Policía Local como la Secretaria General, han emitido sendos informes que eximen de cualquier responsabilidad al actual alcalde de Calzadilla de los Barros. Estos documentos serán incorporados al procedimiento y puestos a disposición judicial”. Fuentes del PSOE aseguran no obstante tener pruebas que expondrán ante el juez que demuestran el amaño del censo.