La Policía registra un hospital público en busca de pruebas de malversación

Agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial se han presentado este lunes en el hospital Gregorio Marañón de Madrid para recabar pruebas de la presunta malversación que investiga un juzgado de la capital tras la denuncia de un facultativo de este centro público. El registro se ha llevado a cabo en el departamento de Anatomía Patológica, donde, supuestamente, varios médicos, liderados por el anterior jefe de servicio, utilizaron los medios del hospital para hacer biopsias a pacientes de clínicas privadas durante años.

La magistrada que lleva el conocido como 'caso Marañón' ha ordenado extraer todos los datos de actividad de los discos duros de las máquinas con las que se realizan las biopsias. Al registro ha acudido la secretaria judicial, los agentes de policía y técnicos de la empresa Roche Diagnostics, la propietaria de estas máquinas en las que se realizan los costos exámenes con una técnica llamada inmunohistoquímica. El juzgado está interesado en los datos del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 21 de marzo de 2015. 

La Fiscalía Provincial de Madrid solicitó abrir juicio oral en julio pasado después de investigar durante tres meses la denuncia de un patólogo del Gregorio Marañón, Juan Carlos Martínez, que acusó a varios de sus compañeros de usar el instrumental y los reactivos del centro público para analizar muestras procedentes de pacientes externos, de clínicas privadas. Martínez acudió a los medios de comunicación y destapó la trama después de haber informado previamente a sus superiores y que ni estos ni la Consejería de Sanidad tomaran medidas. Actuaron cuando el escándalo saltó en marzo pasado.

Hasta 12 sanitarios del hospital público están acusados de un presunto delito de malversación de caudales púbicos. El fiscal cree que tanto médicos como técnicos, todos ellos funcionarios públicos, hicieron uso de los bienes públicos del centro para realizar pruebas diagnósticas (biopsias) a pacientes de clínicas privadas. Con los datos obtenidos este lunes, la magistrada ha solicitado a dos inspectoras médicas de la Comunidad de Madrid que realicen un informe con el fin de "determinar la utilización de las máquinas de inmunohistoquímica con fines ajenos al uso público al que están destinadas", señala en una providencia a la que tuvo acceso EL PAÍS.

La trama estaría dirigida por el antiguo jefe de servicio de Anatomía Patológica, que se retiró en octubre pasado. Los médicos facturaban a las clínicas privadas las pruebas que ellos hacían gratis en el Marañón "en perjuicio de los medios de la sanidad pública", según el fiscal.

Tras saltar el caso a los medios, el hospital inició una investigación que cerró una semana después al concluir que no había indicios de delito. Tres meses más tarde, la Comunidad de Madrid abrió expediente disciplinario a ocho trabajadores del hospital Gregorio Marañón, pero no por el uso indebido de medios públicos, sino por una cuestión administrativa: trabajar en la sanidad privada sin autorización de compatibilidad.

A preguntas de este diario, un portavoz de la Consejería de Sanidad  confirma que siete de los ocho expedientes ya están resueltos y que en seis casos han acabado con sanción. Cuatro de los sanitarios deberán cumplir un mes sin empleo ni sueldo y dos, dos meses. Fuentes hospitalarias aseguran que al menos dos de ellos, técnicos de laboratorio, ya están cumpliendo el castigo.

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