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43.745 nom­bres en el nue­vo registro de delincuentes se­xua­les

Las personas que trabajen con menores deberán certificar que carecen de antecedentes penales por delitos como agresión, acoso o exhibicionismo

Se aprueba el registro de delincuentes sexuales
Varios agentes de la policía durante el registro en el domicilio de un supuesto pederasta detenido en octubre en Alcoi.

El Gobierno ha dado este viernes luz verde al registro de delincuentes sexuales, que recogerá los datos de los condenados por agresión sexual, abuso, acoso, exhibicionismo, provocación, prostitución, explotación y corrupción de menores. El fichero nace con 43.745 inscritos, los condenados que hay actualmente en españa por alguno de estos delitos.A partir de ahora, quien pretenda trabajar en una actividad que implique contacto habitual con menores deberá presentar ante quien le contrate un certificado que acredite que no está incluido en este registro.

El Gobierno aprobó este viernes un real decreto por el que se crea y regula el funcionamiento del registro de delincuentes sexuales para prevenir que personas condenadas por este tipo de hechos puedan tener acceso o seguir ejerciendo profesiones que impliquen un contacto habitual con menores de edad. Este fichero nace de una disposición final incluida en la nueva Ley de Protección Jurídica del Menor, que fija como requisito para ejercer una profesión que implique el contacto con niños el no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual.

La información sobre las personas inscritas en el registro no será pública y solo podrán utilizarla los jueces y tribunales, la fiscalía y la policía judicial para la prevención y persecución de los delitos sexuales. El registro incluirá los datos de todos los condenados por sentencias firmes dictadas, tanto en España como en inscritos, los condenados que hay actualmente en España por alguno de estos delitos. A partir de ahora, quien pretenda trabajar en una actividad que implique contacto habitual con menores deberá presentar, ante quien le contrate, un certificado que acredite que no está incluido en este registro. otros países, por cualquier delito contra la libertad sexual, con independencia de la edad de la víctima o del condenado. Además de los datos personales, el fichero incorporará el perfil genético (ADN) cuando así lo establezca una resolución judicial, lo que posibilitará el seguimiento de ese tipo de delincuentes dentro y fuera de las fronteras de España.

Siempre quedará constancia de la identidad de la persona que accede al registro y de los datos que han sido consultados. El fichero emitirá certificados que acrediten si una persona está inscrita en él. Lo podrán pedir las Administraciones y cualquier ciudadano está facultado para solicitar los datos sobre su persona que incluya el fichero o bien un certificado negativo para demostrar que su nombre no está en este censo. Esto es lo que tendrán que hacer las personas que aspiren o pretendan seguir ejerciendo un trabajo que implique el trato con menores. Según trasladó hace unas semanas el Gobierno a las comunidades autónomas, los maestros y profesores de enseñanza no universitaria en activo deberán presentar en los próximos meses su certificado o dar su consentimiento para que la Administración educativa pueda consultar directamente estos datos.

La decisión de poner en marcha este registro surgió de normas y convenios internacionales a los que está adherida España. El principal, el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la explotación y el abuso sexual, firmado en Lanzarote en octubre de 2007, que impone a los Estados la obligación de adoptar una serie de medidas para terminar con la explotación y el abuso sexual a menores. Este y otros acuerdos internacionales contemplan, entre otras medidas, el registro y almacenamiento de datos que ayuden a prevenir y a investigar los delitos sexuales contra menores.

Reino Unido, Alemania y Francia tienen registros similares, aunque en el caso alemán no existe un fichero federal, sino en dos länder (Baviera y Bremen). Estas bases de datos europeas, como las españolas, no son públicas, sino de acceso restringido para la policía, las autoridades judiciales y, en el caso de Francia, a las Administraciones públicas con competencias para contratar o autorizar actividades que supongan el contacto con menores. En Reino Unido, el fichero (Violent and Sex Offender Register) incluye incluso a personas no condenadas, pero a las que se considera en riesgo de cometer un delito sexual. Al contrario de lo previsto en España, los datos almacenados no se borran nunca en Gran Bretaña.

Los ficheros europeos se han creado ya en este siglo. En Estados Unidos, sin embargo, comenzaron a implantarse en torno a 1940 y proliferaron en 1990. La diferencia con los de Europa es que son de acceso público. En 2003 se impuso a todos los Estados la obligación de montar y mantener sitios web con la información de los delincuentes sexuales, y algunas regulaciones locales empezaron a imponer sus propias normas, como una distancia mínima entre la casa de un pederasta y cualquier centro de niños.

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