Podemos prohibirá que ex altos cargos entren en consejos de administración

El fin de las puertas giratorias constituye uno de los ejes de la batería de medidas anticorrupción planteadas por Podemos para las próximas elecciones generales. La formación emergente propone que los ex altos cargos políticos no puedan nunca ocupar un cargo en un consejo de administración de las empresas que operen sectores estratégicos del Estado, según ha anunciado este miércoles durante la presentación de su plan para fomentar de la transparencia y combatir la corrupción. "Estaríamos hablando de las empresas del Ibex", ha expuesto Auxiliadora Honorato, candidata al Congreso por Sevilla.

"Ser miembro de un consejo de administración no es realmente un trabajo. A esta gente se les busca por su agenda y sus contactos", ha añadido Pedro Yllanes, exmagistrado del caso Nóos y candidato de la formación al Congreso por las Islas Baleares, sobre una iniciativa que también prevé que, durante un plazo mínimo de diez años, los ex altos cargos no puedan intervenir "en un ámbito afectado directamente por una decisión que el responsable público tomara durante su ejercicio". "No se contempla ninguna excepción", ha remachado Honorato. La formación ha descartado que con esta medida se esté limitando el derecho de sufragio pasivo de aquellas personas que ya pertenecen a un consejo de administración y que, ante la implantación de la medida, no quieran entrar en política porque después no podrán volver a su anterior cargo.

"Prohibiremos también que los lobbies contraten a los diputados o a sus asistentes. Y obligaremos a los lobbies a indicar si emplean a antiguos miembros del Gobierno, quiénes son sus clientes y a qué representantes políticos contactan", detalla el partido en el documento publicado este miércoles. "Podemos es el único partido con las manos libres para llegar hasta el final. Somos el único partido que no depende de ningún poder económico para financiarnos", ha resaltado Miguel Ongil, diputado de la Asamblea de Madrid. "Que no se nos olviden todos los temas de corrupción que han aparecido y que se están investigando", ha recalcado el juez Yllanes, que ha arremetido contra el PP: "Tiene un gravísimo problema de corrupción. Y es estructural".

Podemos también propone, dentro de este plan, que los ciudadanos elijan directamente por votación a 15 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y, paralelamente, plantea la "despolitización" del Tribunal Constitucional a través de un nuevo sistema de nombramiento de sus miembros: mediante "una cuota de rechazo", que consistiría en elaborar un "amplio listado" de profesionales del que se irían desechando aquellas personas más vinculadas a partidos políticos. "Cada uno de los partidos solo podría ir descartando un número proporcional a la cuota que le corresponde en función de su entidad parlamentaria". "Lo que se propone es como un juego de descartes", ha subrayado Ana Taboada, vicealcaldesa de Oviedo.

Según informa Francesco Manetto, hace días Pablo Iglesias tuvo una conversación con el presidente de Telefónica, César Alierta, que el candidato de Podemos califica de "amable". "Me dijo 'no entiendo, yo tengo 2.000 consejeros y solo cinco son políticos'. Le dije 'pues entonces estamos muy cerca de entendernos, te sobran cinco, entonces nos vamos a entender perfectamente", explicó el líder de la formación emergente durante su visita a Palma de Mallorca. Iglesias defiende que su propuesta de reforma constitucional debe ser definitiva y que es la única fórmula para atajar de raíz el problema. "Para que no tengamos que ver nunca más a José María Aznar en Endesa, a Elena Salgado en Endesa o a Felipe González en Gas Natural. Que la Constitución española prohíba las puertas giratorias que comunican Consejos de Ministros y Consejos de Administración de empresas estratégicas".

"Este diciembre ha sido un mes trágico para la lucha contra la corrupción en este país. Hace dos días entró en vigor la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita el tiempo de instrucción de las causas penales", ha denunciado Yllanes, al referirse a una norma que prevé "un plazo ridículo de seis meses" para investigar los casos. "Esta norma, aprobada por el PP, lanza un mensaje claro a los fiscales y jueces", ha remachado el magistrado.