La polémica Ley de Enjuiciamiento Criminal entra en vigor

La ley de Enjuiciamiento Criminal, la que regula el proceso penal, entrará este lunes en vigor. La norma ha sido polémica porque una de sus novedades, la que hace referencia a los límites de seis o 18 meses prorrogables en los plazos de instrucción, ha sido rechazada por todos los sectores de la Justicia.

Todas las asociaciones de jueces y de fiscales, los secretarios judiciales, el Consejo General de la Abogacía han considerado inaplicable este apartado de la norma y algunas han llegado a hablar de impunidad para los grandes casos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera, por contra, que agiliza los procesos. Se comprometió a aprobar una instrucción para los secretarios judiciales y a dotar a más medios a la Fiscalía. El compromiso se traducirá en breve en más de ochenta fiscales de refuerzo.

Antes de seis meses deben revisarse varios centenares de miles de causas para comprobar que no han sobrepasado el plazo de instrucción.

La ley de Enjuiciamiento fue aprobada solo con los votos del PP y el rechazo de todos los demás. El actual Gobierno renunció a su idea inicial de aprobar una nueva ley procesal y lo dejó, finalmente, en una reforma parcial. La ley reformada procede del siglo XIX, sin que haya sido sustituida por ninguno de los gobiernos democráticos, aunque sí ha sido sometida a múltiples reformas parciales.

La norma, además, sustituye el término imputado por investigado.

Otro de los apartados se refiere a la posibilidad de intervenir las comunicaciones, siempre por orden judicial. Hasta hoy no había ninguna ley que amparara la intervención de comunicaciones a través de nuevas tecnologías y se aplicaba por analogía la posibilidad de interceptar teléfonos fijos.

Control de Internet

El Gobierno concede especial importancia a esta parte de la reforma para poder hacer frente al reclutamiento de terroristas yihaidistas a través de Internet. De hecho, el compromiso de reforma está incluido en el pacto antiyihadismo que firmaron Gobierno y PSOE el pasado mes de enero.

A partir de hoy es posible con orden judicial controlar ordenadores con uso de los llamados troyanos, es decir, virus bajo control que rastrean ordenadores en busca de redes de captación de yihaidistas.