Una legislatura (casi) constituyente

Por primera vez desde 1978 la aritmética parlamentaria puede empujar a crear, en este próximo mandato, una ponencia en el Congreso que estudie una amplia reforma constitucional y, finalmente, hasta puede terminar la legislatura con la convocatoria de un referéndum para la siguiente. Así será si en las elecciones del 20-D se cumplen las previsiones de las encuestas y si los partidos ponen en marcha sus programas.

Todas las formaciones que, previsiblemente, estarán representadas en el próximo Congreso, salvo el PP, llevan en sus programas reformas de la Constitución y, en la mayoría de los casos, de calado; es decir, de las que exigen disolución posterior de las Cortes y referéndum. Y, si se cumplen los resultados de las encuestas, es posible que PP y PSOE ya no alcancen juntos los 210 diputados que marcan la mayoría precisa para grandes decisiones como la reforma constitucional. Necesitarían a otros partidos por primera vez.

Además, grupos como Podemos tendrán capacidad para forzar en todo caso la celebración de un referéndum, aunque se trate de una reforma sencilla.

La acidentada historia de España ha hecho que todas las constituciones hayan sido derogadas y nunca reformadas. Hasta el momento, la de 1978 solo ha sido retocada en dos ocasiones, por la vía rápida y sencilla y porque así fue impuesto desde Europa. Se hizo en 1992 para permitir el voto de comunitarios en elecciones municipales y en 2011 para incluir el pago de la deuda en el artículo 135. La segunda la hicieron solos PP y PSOE, una situación que podría ser ya imposible aritméticamente esta próxima legislatura.

Cambio generacional

Más del 60% de los electores actuales no tuvo ocasión de votar la Constitución de 1978, lo que puede explicar parte del distanciamiento ciudadano de la Ley Fundamental. Alberto Garzón (IU) citó ayer a Thomas Jefferson y su reflexión de que cada generación merece una Constitución porque las leyes fundamentales “expiran naturalmente a los 19 años”.

El único intento serio de reforma fue el de José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2004 llegó a pedir informe al Consejo de Estado sobre cuatro cambios limitados: reforma del Senado, introducir el nombre de las comunidades autónomas, hacer referencia a Europa y eliminar la preeminencia del varón en la sucesión de la Corona.

El Gobierno del PSOE no siguió adelante entre otras cosas por la oposición del PP a esas modificaciones. Este verano, Mariano Rajoy rectificó y consideró razonables esas propuestas y el informe de Francisco Rubio Llorente, presidente entonces del Consejo de Estado, pero dejó en suspenso la futura reforma.

Esa posición del PP no es inamovible. Ministros como José Manuel García-Margallo y Rafael Catalá han defendido pública y abiertamente la posibilidad de reforma. Incluso, en una convención celebrada en diciembre de 2006 y organizada por la ahora vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el PP (entonces en la oposición) llegó a defender hasta una decena de reformas constitucionales. Pasado ese acto nunca más volvió a hablar de ello.

Responsables de PSOE, Ciudadanos y Podemos aseguran que al iniciar la legislatura pedirán en el Congreso la creación de una ponencia constitucional que trabaje en la reforma. El PP ya no podrá bloquear la iniciativa porque, según el reglamento, esas peticiones deben ir suscritas “por dos Grupos Parlamentarios o por una quinta parte de los diputados (70 escaños)”. Por ejemplo, Podemos y Ciudadanos ya podrán unir fuerzas para poner en marcha el procedimiento. Esa ponencia trabajaría con el mismo esquema que la que elaboró la de 1978 y en la que estuvieron los conocidos como “padres de la Constitución”.

Todos los partidos hablan de la necesidad de buscar el mismo consenso que entonces, aunque el PP (entonces AP) no apoyó en 1978 el Título VIII, el referido a la organización territorial. La necesidad de ese consenso es, de hecho, la barrera tras la que se ha protegido siempre Rajoy para frenar cualquier intento de reforma. En el final de los trabajos, la reforma puede seguir dos caminos: reforma sencilla o agravada. La primera se aprobaría con mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras (210 diputados), tal y como se hizo con los dos cambios puntuales de 1992 y 2011.

No obstante, la propia Constitución establece que, aunque se haga una reforma sencilla, “será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”. Es decir, si Podemos llega a 35 diputados tendrá capacidad para forzar esa consulta tras el proceso de reforma, algo que nadie pudo hacer por falta de escaños cuando se cambió el artículo 135.

Si la reforma afecta a derechos fundamentales o a capítulos esenciales como la soberanía nacional, la unidad de España o la monarquía, entonces sería necesario el referéndum, previa disolución de las Cortes y celebración de elecciones. En ese caso la mayoría precisa es de dos tercios, es decir, 234 diputados y, por tanto, es muy posible que el PP tuviera capacidad para vetar la reforma.

PSOE, Ciudadanos y Podemos coinciden solo en su propuesta de reforma en actualizar el capítulo de derechos, aunque discrepan notablemente en cuanto al diseño territorial y el institucional, incluido el Senado. Sus propuestas suponen reforma agravada con referéndum. Podemos ha dejado su idea del proceso constituyente, pero mantiene la idea de una reforma profunda. El propio Pablo Iglesias utilizó en el debate de EL PAÍS una expresión muy gráfica: “Gracias 1978, hola 2016”.

Sumados los artículos que podrían verse afectados por los programas de PSOE, Podemos y Ciudadanos, el resultado es que el debate en esa hipotética reforma afectaría al menos a medio centenar de artículos (de un total de 169); es decir, sería un proceso casi constituyente.

Se añaden los llamados artículos muertos, es decir, los que ya no tienen sentido como los que hacen referencia a la creación de las comunidades autónomas que se pusieron en marcha en 1978.