La legislatura acumula un recorte de 2.000 millones para los dependientes

"La dependencia no es viable”. Lo dijo el presidente Mariano Rajoy tres días antes de ganar las elecciones el 20 de noviembre de 2011 y así salió publicado en EL PAÍS. De nuevo en campaña, algunos partidos plantean ahora abrir la Constitución para incluir en ella, entre otras cosas, los servicios sociales como un derecho inalienable. Y la dependencia es básica en este cuarto pilar del Estado de bienestar. Pero ha conocido momentos mejores.

Con datos oficiales, en la actualidad hay 779.373 dependientes recibiendo alguna ayuda estatal, casi 1.200 menos que en julio de 2012, cuando el Gobierno aprobó el decreto que modificó hasta 14 artículos de la ley y que supuso el gran recorte de la dependencia. Y la lista de espera de dependientes reconocidos —aquellos que no pueden valerse por sí mismos para las actividades diarias— alcanza las 400.000 personas, en cifras redondas, y siempre con datos publicados por el Gobierno en su estadística mensual.

En esta legislatura, además, el sistema ha perdido 83.000 grandes dependientes, es decir, los más graves, cuya asistencia sale más cara. Un nuevo informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales achaca esta caída a la aplicación del nuevo baremo, con el que se determina el grado de discapacidad de las personas. También han bajado por miles el resto de los dependientes reconocidos, es decir, los severos y los moderados. “El baremo se ha endurecido y ha aumentado en un 5% el número de personas que se quedan a las puertas, es decir, a los que no se les reconoce una dependencia suficiente para optar a una ayuda. Es simple, si el examen es más difícil, los suspensos aumentan”, explica el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

Con una crisis que no ha dado tregua en esta legislatura, muchas familias se han empobrecido, pero los recortes no han pasado por alto los servicios sociales, y la ley de dependencia fue la primera que conoció la tijera. Apenas llegar al poder, Rajoy aplazó el calendario de entrada al sistema de los dependientes moderados, que solo han podido hacerlo el mes de julio pasado. ¿Han recibido por fin sus ayudas? No. Han pasado en su gran mayoría a la lista de espera, como demuestran las cifras oficiales. Salvo este dato, el aumento del número de los que esperan, un tapón que el sistema no es capaz de diluir, prácticamente el resto de los indicadores han caído.

La sociedad ha percibido también que el sistema estaba mortecino, dicen estos expertos, y esa es la razón, añaden, de que “se hayan reducido las solicitudes de ayuda en 36.000 desde julio de 2012”, siempre con datos oficiales. “Las reformas y los recortes han colapsado la aplicación de la ley y miles de ancianos han muerto sin su ayuda. No se mueren porque no estén atendidos, que de eso ya se encargan las familias, pero sí sin una ayuda a la que tenían derecho por ley. Y los que trabajamos directamente con estas personas sabemos en qué condiciones están muchos ancianos, sobre todo aquellos que no tienen una red familiar”, explica Ramírez.

La dependencia ha perdido con los recortes 2.000 millones de euros esta legislatura, porque se suprimió un bloque entero de financiación, el llamado nivel acordado, 285 millones y después se redujo en un 13% la otra gran fuente de financiación, el nivel mínimo, que es el importe que destinan las Administraciones por cada dependiente en función de su grado de discapacidad. “Y las diferencias entre comunidades son enormes, tanto en los plazos para acceder a una ayuda como en lo que tiene que aportar el ciudadano para pagar el servicio”, dice Ramírez. Porque esta ley nació con copago.

La asociación pide a los políticos que ahora están en campaña que avancen hacia un pacto de Estado que garantice el acceso a estos servicios y que se devuelva la financiación perdida.