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El alcalde de Vigo niega a la juez haber recibido regalos de una constructora

Abel Caballero declara como imputado en la Operación Patos contra la corrupción. Los investigadores apuntan al socialista como "objetivo" de una empresa cazacontratas

Abel Caballero sale de los Juzgados de Vigo con su abogado.
Abel Caballero sale de los Juzgados de Vigo con su abogado.

La esperada comparecencia este jueves en los juzgados de Vigo del alcalde y presidente de la FEMP, Abel Caballero, fue breve y contundente. En unos pocos minutos, el regidor negó categóricamente ante la jueza instructora que hubiese aceptado regalos navideños (un reloj y una pluma) de la empresa Eiriña, cuyo dueño, Enrique Alonso País, es el principal imputado en una supuesta trama orquestada para obtener contratos públicos de varias administraciones gallegas. "No recibí ningún regalo de esa empresa ni tengo ninguna relación con ese señor", reiteró el político socialista tras abandonar el juzgado.

La magistrada María del Carmen García Campos lo incluyó en la lista de 45 imputados a petición de la Fiscalía por la supuesta recepción en 2009 de una pluma de 1.500 euros y, al año siguiente, un reloj valorado en 1.750 euros, ambos obsequios de la marca Montblanc. El alcalde afirmó que la estilográfica fue devuelta a la joyería y aludió como prueba de ello un informe de la brigada de la UDEF de la Policía que se incorporó a las diligencias, y que ya habría prescrito, mientras que el reloj nunca llegó a sus manos, contestando así en el interrogatorio solo a las preguntas de la jueza y el fiscal, pero rechazando las del abogado que representa a Marea como acusación particular.

Para Abel Caballero, "quedó todo claro porque no hay nada de nada", insistió una vez más ante los medios y afirmó que nunca recibió al dueño de Eiriña como alcalde y que ni lo conoce si quiera. Aunque los indicios que hay contra él son comparativamente de menor trascendencia que los de otros imputados sobre los que existen cientos de pruebas documentales, de momento la juez no va a tomar ninguna decisión sobre el futuro procesal del alcalde de Vigo (ni de otros que por hechos similares fueron citados) hasta que no concluyan todos los interrogatorios previstos hasta febrero en relación a esta supuesta red de tráfico de influencias, según indicaron fuentes judiciales.

Aunque podría pronunciarse antes de que finalice esta primera fase de las diligencias de instrucción, la intención de la magistrada es no precipitarse y aparca cualquier medida o sobreseimiento en este voluminosa causa penal, la principal de otras cuatro que se remitieron a los juzgados competentes de Pontevedra, Ponteareas, Ourense y Santiago para que prosigan las investigaciones. En total, el fiscal de delitos económicos de Vigo detectó posibles actuaciones delictivas por parte de las empresas Eiriña y Cespa , además de políticos y funcionarios que aparecen implicados en una veintena de presuntas irregularidades en la adjudicación de obras.

En el auto de imputación, la instructora fija en 600 euros el límite económico máximo para regalos aceptados por políticos o funcionarios investigados, y aunque por debajo de esa cifra entiende que podrían ser "reprochables", no le concede relevancia penal. Los obsequios que no se han descartado del listado policial que obra en la causa superan por su valor lo que podrían considerarse como atenciones amparadas en usos sociales y para la fiscalía, todos los anteriores a 2010 estarían prescritos.

Sobre su negativa a contestar a todas las preguntas formuladas durante su interrogatorio, el regidor socialista argumentó que la acusación popular representa a un partido “indecente”, en alusión a Mareas, que rechazó que una calle de Vigo lleve el nombre de la agente que murió en acto de servicio durante el atraco en una sucursal bancaria hace ahora un año.

Caballero rechazó un aplazamiento de su comparecencia después de que lo solicitaron otros políticos como el presidente del PP en Pontevedra y presidente de la Federación Gallega de Futbol, Rafael Louzán, que hasta el pasado mes de junio también presidió la Diputación ahora en manos del Psoe. Precisamente de su anterior etapa se derivan presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en tres campos de futbol y otras obras con fondos públicos, además de recepción de regalos al igual que el que fuera su vicepresidente en el ente, José Manuel Figueroa.

Junto a Caballero, el siguiente turno fue para la concejala de su grupo de gobierno, Isaura Abelairas, citada igualmente para aclarar la presunta recepción de un colgante y unos pendientes por parte de Eiriña cuyo dueño fue el primero en acudir a la cita judicial en octubre pasado aunque se negó a declarar. Enrique Alonso Pais es la pieza clave de toda la investigación destapada por uno de sus contables. Al mismo tiempo que negociaba contratos para su empresa, el empresario también trabajaba como "conseguidor" para otras empresas a cambio de un 10% de comisión, según desvela la investigación de la policial.

Además de varios concejales de la corporación de Vigo, el caso Patos salpicó a la delegada de la Xunta en la ciudad, María José Bravo Bosch, por lo que en octubre fue cesada en el cargo. La Fiscalía describe supuestas irregularidades de la funcionaria como intermediar a favor de Eiriña en la diputación. Un suma y sigue que se extiende a otras ciudades como Pontevedra donde la Udef ha intervenido recientemente documentación en el ayuntamiento siguiendo el rastro de otra trama donde políticos y técnicos habrían favorecido a Cespa, la empresa concesionaria de limpieza, que a cambio contrataba “enchufados” .