Del terrorismo etarra al yihadista

Recientemente, la exmilitante de ETA, Carmen Gisasola, confesaba a EL PAÍS que fue a fines de los años ochenta cuando en ETA empezaron a encontrar trabas en sus apoyos abertzales. La razón: en 1988 se firmó el Pacto de Ajuria Enea, que comprometió a los partidos nacionalistas y no nacionalistas contra ETA. Aunque tuvieron que pasar 23 años para que ETA cesara, Ajuria Enea fue, con retrocesos y avances posteriores, el principio de su fin, con su deslegitimación.

No hay comparación posible entre un terrorismo local, como el de ETA, con la complejidad del terrorismo global del Daesh —con territorio propio, comandos inestables y suicidas— y sus complejas implicaciones internacionales, históricas y religiosas. Lo único que hay es una metodología común en cualquier combate antiterrorista: sumar fuerzas para lograr su aislamiento político y social y que la inteligencia presida el uso de la fuerza.

Con ETA fue clave la mejora de la investigación policial, frente a la represión generalizada, unida a la coordinación de las policías y la progresiva cooperación de Francia desde que Felipe González llegó a La Moncloa. Esa experiencia ha sido muy útil para los policías españoles que combaten el nuevo terrorismo. Y para el aislamiento político y social de ETA fue clave el Pacto de Ajuria Enea y su secuela, el Pacto Antiterrorista, que, con su cobertura política, multiplicaron la eficacia policial, judicial y la movilización social, logrando la pérdida del apoyo de la izquierda abertzale y su final.

Ante un reto tan distinto como el de Daesh, algunos expertos manejan estas pautas generales para combatirlo como la suma de una gran coalición internacional con implicación de países y comunidades árabes, clave para estrangular su financiación, una eficaz coordinación internacional de los servicios secretos y una acción militar inteligente, encaminada a eliminar el terrorismo, restándole previamente apoyos políticos y sociales. Francia, como escenario principal del ataque yihadista en Europa tiene, asimismo, un especial reto policial y también social para restarle potenciales apoyos. En esas condiciones, y regresando a ETA, el reto yihadista le impide dedicar esfuerzos a un terrorismo del siglo pasado, que considera liquidado.

Un reciente informe de la Guardia Civil señala que ETA solo dispone de 15 o 20 militantes dedicados a preparar el desarme de 500 kilos de explosivos y 250 armas cortas. Su mayoría está en Francia, a la que no preocupa porque lo cree inutilizado, tras cuatro años de inactividad etarra. Considera que el desarme es cuestión del Gobierno español y ETA.

A Francia le encantaría enviar a España los 99 presos de ETA que mantiene, pero quienes pueden no quieren. Desde hace un año, la Audiencia Nacional, tras una enmienda del PP, impide que en España a los presos etarras se les descuente de su condena la cumplida en Francia. Sin embargo, Francia sí descuenta a los presos franceses la parte de su condena cumplida en España, lo que afecta al principio de reciprocidad. Francia lo planteará al próximo Gobierno español, tras el 20-D.

En todo caso, la gravedad del reto yihadista es, también para España, una emergencia añadida a la disolución pendiente de un terrorismo del siglo pasado, como ETA. El principal foco está en la izquierda abertzale, urgida a presionar a ETA para que inicie su disolución con un desarme y a sus 440 presos para que asuman la legalidad penitenciaria y se acojan a sus beneficios. Asimismo, el próximo Gobierno debe facilitar el final ordenado y una flexibilización penitenciaria, acorde con ese final. La próxima legislatura debe cerrar este capítulo de una vez.