España descarta bombardear Siria sin respaldo del derecho internacional

España se resiste a intervenir militarmente en Siria contra el Estado Islámico. Con mayor o mayor claridad, lo han dicho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (“es un tema muy serio, las cosas hay que pensarlas, hay que coordinarse muy bien”); el ministro de Defensa, Pedro Morenés, (“nadie nos ha planteado que hagamos algo más de lo que estamos haciendo, que ya está bien por cierto”); y el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz (“hoy por hoy, España no se plantea efectuar bombardeos en Siria”).

Varias razones explican esta prudencia, pese a la solidaridad sin fisuras de España con Francia, cuya colaboración fue esencial para derrotar al terrorismo de ETA; y eso no se olvida. La principal es que no se da la condición sine qua non para que las Fuerzas Armadas españolas puedan intervenir en el exterior: la cobertura de la legalidad internacional.

Según la Ley de Defensa Nacional de 2005, dicha intervención requiere que haya una petición expresa del Gobierno legítimo del país donde se desarrolle el conflicto o una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hasta ahora, no se ha dado ninguno de los dos requisitos: ni el Gobierno de Bachar el Asad, cuya legitimidad está más que cuestionada, lo ha pedido, salvo a Rusia, su principal aliado; ni el Consejo de Seguridad la ha bendecido, debido al veto ruso.

Es por esta razón por la que España, que forma parte de la coalición internacional contra el ISIS, colabora con 300 militares a la instrucción del Ejército iraquí, a petición del Gobierno de Bagdad; pero no contribuye a adiestrar y equipar a la oposición siria, como ha hecho con escaso éxito Estados Unidos.

Fuentes gubernamentales admiten que, si Francia logra sacar adelante una resolución del Consejo de Seguridad autorizando la intervención en Siria, España no tendría más opción que sumarse a una operación militar patrocinada conjuntamente por Washington y Moscú, que hasta ahora actúan cada una por su cuenta en Siria. Pero incluso sin dicha resolución sería suficiente, según la ley de 2005, con el paraguas legal de la UE (París ha invocado el artículo 42.7 de los tratados, sobre defensa mutua) o de la OTAN (como sucedió en la guerra de Kosovo, de 1999), aunque ambas opciones parecen improbables. España descarta, por otro lado, ampararse en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas (“legítima defensa”) como ha hecho Francia para justificar sus bombardeos en Siria, incluso antes de la matanza de París.

En el Gobierno se apuesta por la construcción de una coalición anti-Estado Islámico ampliada y avalada por el Consejo de Seguridad —en el que España tiene un asiento no permanente— y se alega que, en ese supuesto, la contribución española no tendría por qué consistir necesariamente en bombardeos. “Podría prestarse apoyo logístico, instrucción o cualquier otra capacidad que se nos pidiera y pudiéremos aportar”, alegan fuentes gubernamentales. Por ejemplo, en la guerra de Libia, en 2011, España hizo misiones de reabastecimiento aéreo y vigilancia aérea, pero no bombardeó.

A la espera de que París traslade peticiones concretas en conversaciones bilaterales, España podría prestar apoyo indirecto a Francia sin necesidad de involucrarse en Siria. Por ejemplo, sustituyendo a tropas francesas en misiones en las que el Ejército español ya participa, como República Centroafricana o Mali, para liberar efectivos que puedan centrarse en la lucha contra el Estado Islámico o en la tareas de vigilancia en el hexágono.

Políticamente, la proximidad de las elecciones, con un Gobierno en funciones, y el recuerdo de la guerra de Irak contribuyen a enfriar el ya escaso ardor guerrero de Rajoy. La ventaja respecto a 2003 es que sabe de antemano que, si tiene amparo del derecho internacional, contará con el respaldo del líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del de Ciudadanos, Albert Rivera. La controversia política se circunscribiría así a Podemos e Izquierda Unida, dos fuerzas que no pescan en el caladero electoral del PP. No se trata de un asunto baladí pues, sea cual sea la decisón, incluso si se limita a aumentar los 300 instructores españoles desplegados en Irak, tendrá que ser ratificada por la Diputación Permanente del Congreso, donde debería obtener un respaldo incontestable.