“La ciudad está diseñada para que al discapacitado lo empujen”

Marino Muñoz evita desplazarse en metro siempre que puede. “Es una aventura”, cuenta. Este madrileño de 47 años tiene una incapacidad del 91% y se mueve lentamente en su silla de ruedas. El metro de Madrid, con más de dos tercios de sus estaciones adaptadas, es uno de los suburbanos más accesibles del mundo. Sobre el papel, al menos. La falta de mantenimiento de las instalaciones, con ascensores fuera de servicio, y la ausencia de información actualizada convierte moverse por esta red en una carrera de obstáculos.

En España hay 2,4 millones de personas con problemas de movilidad, según la última encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia elaborada por el INE. Las actividades cotidianas, como ir a trabajar o hacer la compra, suponen en ocasiones una misión imposible. La ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y acceso universal de 2003 lo formula muy claramente: estas trabas son “una forma sutil pero muy eficaz de discriminación”. El ejercicio de los derechos que les protege, desarrollados en una numerosa normativa estatal, autonómica y local, no siempre se cumple.

En España hay 2,4 millones de personas con problemas de movilidad

“Hay sensibilidad política”, admite Javier Font, presidente de Famma-Cocemfe Madrid, la federación que agrupa a las asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica en la región, “pero la eficacia en la que se traduce es cero”.

Los recortes presupuestarios han laminado las políticas en favor de la accesibilidad universal y la falta de mantenimiento de las instalaciones incrementa las limitaciones de este colectivo. La inversión pública, se quejan, se centra en políticas asistenciales como la construcción de residencias, pero no en garantizar las condiciones para que puedan llevar una vida independiente. “Si no podemos formarnos, no podemos conseguir un trabajo, no podemos ser autónomos”, denuncia Font.

Los problemas de equilibrio derivados de su polio impiden a Carme Garrido, de 55 años, conducir. Los autobuses que unen la comarca donde vive, Villafranca del Panadés, a 59 kilómetros de Barcelona, con la universidad en la que iba a cursar un posgrado, no son accesibles a su silla de ruedas. “He estado hasta tres horas esperando que vinieran a recogerme porque el autobús no tenía rampa”. Como ella, muchos se encuentran con una carrera de obstáculos para poder acceder a una formación universitaria. María Yubero, de 20 años, acudía hasta el año pasado todos los lunes desde su Soria natal a la Universidad de Alcalá de Henares (200.000 habitantes) donde estudiaba un grado de Trabajo Social. La estación de Renfe no está adaptada. Tampoco hay personal que le ayude a bajar y subir del tren. Ahora continúa su formación en la universidad de su provincia.

“Vivimos en unas ciudades sin un modelo claro. No hay criterio para realizar las obras públicas”, afirma Jorge Palomero, arquitecto especializado en acceso universal.

Los recortes han laminado las políticas de accesibilidad y la falta de mantenimiento de las instalaciones incrementa las limitaciones de este colectivo

Un portavoz del Ayuntamiento de Madrid reconoce que las nuevas exigencias de accesibilidad obligan a “dedicar presupuestos muy elevados” cuando se trata de instalaciones antiguas y que solo son abordables a “muy largo plazo”. El presupuesto de la Corporación, que ronda los 4.600 millones, prevé una partida de 1,4 millones de euros para mejorar la accesibilidad de las instalaciones municipales.

La Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis) registró en 2014, 492 quejas

“La dignidad te hace hacer todo lo posible por ser independiente”, resalta F.L. Navarrete, de 29 años. Este ingeniero de telecomunicaciones, aquejado de nacimiento de una osteogénesis imperfecta, se recupera lentamente de un accidente que sufrió al llegar a su trabajo como consultor en el complejo financiero de Azca, en Madrid, por donde pasan a diario 125.000 peatones. La rueda izquierda de su silla se enganchó en la rampa demasiado inclinada, que constituye el único acceso que puede utilizar. El resultado: dos fracturas en el brazo, otras tantas operaciones y una recuperación incierta. Continúa de baja. “La ciudad está diseñada para que al discapacitado le empujen, no para que sea independiente”, reflexiona. “No se puede hablar de inserción laboral cuando tienes un centro financiero al que no puedes acceder”.

Para Pilar Díaz, presidenta de Amputats Sant Jordi y vicepresidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en Cataluña, la falta de adaptación de entornos y servicios no es solo una cuestión presupuestaria. “En Barcelona, que era una de las ciudades de Europa más accesibles, ha habido un retroceso. Con el cambio de gobierno se han dejado de invertir en estas políticas”, asegura por teléfono esta exconcejala del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona.

Falta de voluntad

“Hay medidas que no cuestan dinero, se aprueban por unanimidad, pero luego no se ejecutan”, cuenta. La señalización en las líneas de metro de las paradas que cuentan con accesos especiales, por ejemplo, nunca fue implementada por el Consistorio. “Propusimos también crear un sello de calidad para los comercios que cumplían la normativa de accesibilidad. Otra vez, todo el mundo votó a favor y nunca fue ejecutada”, apostilla. En cambio, se han gastado 560.000 euros en ocho Smart-quesinas en el Paseo de Gracia que no tienen en cuenta a estas personas: la pantalla táctil está demasiado alta para las sillas de ruedas.

Ignacio Tremiño, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, y usuario de silla de ruedas, defiende por teléfono que se está aplicando toda la normativa que garantiza la accesibilidad, pero recuerda que se prevé que entre en vigor completamente el 4 de diciembre de 2017. “Falta mucho por hacer, pero en relación con cualquier país de la UE somos pioneros”, afirma. La Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis) registró en 2014 492 quejas. La gran mayoría, 251, relacionadas con la accesibilidad de edificios públicos.

La falta de inspecciones y el deficiente mantenimiento fomenta que los espacios habilitados para estas personas no estén siempre en funcionamiento. “La rampa de la mayoría de autobuses no funciona. Tienes que esperar al siguiente, o al siguiente. Es imposible organizarse así la vida”, se lamenta Muñoz. No es solo cuestión de dinero, denuncian las asociaciones. “La falta de información es una barrera adicional que superar”. Iniciativas como la de instalar en los autobuses de Madrid un cargador para móviles en el espacio habilitado para las sillas de ruedas es una muestra de la pérdida de conciencia institucional sobre su realidad. “Compartíamos el espacio con los carritos de bebé, ahora con los que quieran cargar el móvil, lo siguiente será que pongan una tienda de helados”, ironiza Font.

“Suelen decirme que soy muy vehemente con estos temas”, asegura Díaz, “yo les contesto que se sienten en una silla de ruedas y no lo sean”.