El Gobierno confía en que no tendrá que actuar en Cataluña hasta el 20-D

El Ejecutivo espera que hasta después de las generales no haya incumplimientos de la suspensión del texto secesionista del Parlamento de Cataluña que el Constitucional decrete

Desde la izquierda, Baños, Romeva, Mas y Junqueras.
Desde la izquierda, Baños, Romeva, Mas y Junqueras.Albert García

El Gobierno espera que hasta después de las elecciones generales del 20 de diciembre no haya incumplimientos de la suspensión de la resolución independentista del Parlamento de Cataluña que el Tribunal Constitucional decrete en las próximas semanas, según fuentes del Ejecutivo. Es decir, entiende que puede no ser necesario tomar medidas de fuerza o de sanción en Cataluña hasta después de las generales, incluso, cuando estén constituidas las nuevas Cortes en enero y, probablemente, hasta que no haya nuevo Gobierno central.

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El Gobierno tiene todo preparado y estudiado para actuar si se precitarán iniciativas independentistas en Cataluña. Sin embargo, entiende que la resolución que se aprobará este lunes en el Parlamento de Cataluña no tiene en sí misma fuerza ejecutiva, aunque considera que debe recurrirla porque abre la puerta a una situación que desborda la Constitución e incita a violar el Estado de derecho incumpliendo leyes y sentencias.

Posibles actos que se deriven de la resolución serían, por ejemplo, pasos concretos como la creación de instituciones propias mencionadas en la resolución. Estos supuestos requieren proyectos de ley y tramitación parlamentaria que difícilmente pueden completarse antes de que haya un Gobierno que haya salido de las generales del 20 de diciembre, siempre según el Ejecutivo.

La resolución habla concretamente de tramitar en 30 días leyes como las de seguridad social y de hacienda pública. Pero, a pesar de esos plazos que establece, el Gobierno de Mariano Rajoy prevé que no se puedan tomar esas decisiones hasta después de las generales. Por un lado porque precisan de trabajos y trámites previos antes de llegar al Parlamento de Cataluña, como por ejemplo el informe del Consejo Consultivo catalán. Y, sobre todo, porque esos trámites estarían condicionados también a que haya sido elegido el nuevo presidente de la Generalitat, algo que podría demorarse aún por falta de acuerdo entre los partidos independentistas sobre quién será su candidato. Aunque la previsión del Gobierno es que cualquier actuación de enfrentamiento corresponderá ya al futuro Ejecutivo, sí ha estudiado todas las posibilidades como una aplicación remota y limitada del artículo 155 de la Constitución. Por ejemplo, para asumir competencias de seguridad en Cataluña. Esa medida la adoptaría la Diputación Permanente del Senado.

Precedente de Atutxa

La otra vía, mucho más sencilla, es la de la aplicación de la reciente reforma del Tribunal Constitucional para sancionar incumplimientos de sus decisiones. El final de ese proceso podría ser la suspensión de sus funciones de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, pero, en todo caso, el procedimiento establecido demoraría esa suspensión hasta después del 20 de diciembre. Lo que sí hará el Gobierno es pedir que el Constitucional notifique personalmente a Carme Forcadell la suspensión que en su momento decrete, una vez que admita a trámite el recurso contra la resolución. Eso ocurrirá no antes del final de la próxima semana y supondrá que Forcadell asuma la responsabilidad de cualquier incumplimiento legal.

No sería la primera vez que se actúa contra un presidente de un Parlamento autónomo por no cumplir una resolución judicial. Aunque con muchas diferencias, la justicia actuó contra Juan María Atutxa, presidente del Parlamento vasco, por negarse a ejecutar una resolución de la justicia que le obligaba a disolver el grupo parlamentario de la izquierda abertzale. La diferencia con este caso es que entonces fue una actuación penal. Atutxa, después de varios avatares judiciales y absoluciones, fue condenado por el Tribunal Supremo cuando ya había abandonado a un año y medio de inhabilitación para todo cargo público, y 18.000 euros de multa. Pese a las diferencias, el precedente, avalado entonces por el Constitucional, sirve para reafirmar la responsabilidad de los presidentes de Parlamentos en el cumplimiento de resoluciones judiciales.

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