Precauciones extremas para evitar otro Castor

El fiasco de Castor, el almacén de gas submarino que tuvo que ser clausurado tras generar centenares de seísmos en 2013, ha provocado que el Gobierno tome una serie de precauciones extremas, e inauditas, con los 16 yacimientos y almacenamientos de hidrocarburos activos en España. Pese a que algunos funcionan desde hace décadas, el Ministerio de Industria ha encargado estudios exhaustivos sobre la conexión entre la actividad de estas explotaciones y los terremotos que se hayan producido en las zonas donde se ubican. Al Gobierno, que ha indemnizado al promotor, Escal UGS (empresa controlada en un 66,7% por ACS) con 1.350 millones de euros, le preocupa encontrarse con otro Castor.

Todas las concesiones, tanto de gas como de petróleo, están bajo la lupa. Especialmente tres, sobre las que pesan “dudas razonables” sobre “la relación entre la ocurrencia de terremotos y la actividad de la explotación”, según un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN), encargado por Industria, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Se trata de un pozo de gas submarino, Poseidón Sur, situado en el Golfo de Cádiz y operado por una filial de Repsol, y de dos almacenamientos subterráneos de gas gestionados por Enagás: Serrablo, en los Pirineos, al norte de Huesca, y Yela, en Guadalajara.

Los técnicos del IGN han recomendado realizar “un estudio específico de sismicidad” de estas tres concesiones porque los análisis de los terremotos registrados antes y después de que empezaran a funcionar “no son suficientemente concluyentes”. En el caso de Yela, piden un “refuerzo instrumental”, es decir, la instalación de sismógrafos que midan con precisión los hipocentros (foco de un terremoto). Enagás acaba de colocar allí cinco sismógrafos en profundidad, está instalando dos instrumentos llamados acelerómetros, y ha encargado más estudios sobre la tectónica de la zona, también tras la recomendación del IGN. En Serrablo la compañía ha instalado asimismo dos sismógrafos nuevos.

Distintas fuentes de la industria de los hidrocarburos señalan que, de no existir el precedente de Castor, el Gobierno no hubiera exigido ninguna de estas precauciones, porque la peligrosidad sísmica de la zona en la que se sitúan estos pozos y almacenes es muy baja y porque llevan años en explotación sin dar ningún problema. Alguna habla de “sobreactuación”. Pero el fallido proyecto de Castellón, cuyas posibles responsabilidades penales se han empezado a juzgar en Vinaròs, ha extremado el control. "El Gobierno trabaja por garantizar la seguridad [...] y en ese sentido se vienen estableciendo diversas actuaciones de control incluyendo la monitorización continua de estas instalaciones", responde a las preguntas de EL PAÍS.

El Ejecutivo socialista dio por bueno Castor en 2007 tras un informe favorable del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que entre otras cosas determinó que la posibilidad de que la falla de Amposta, sobre la que se asienta el almacén, se reabriera por la presión era “muy pequeña”. Aquel estudio no mencionaba específicamente la sísmicidad inducida, es decir, la posibilidad de que la actividad pudiera desencadenar terremotos. Y ello pese a estar situado sobre una falla conocida y cartografiada. Sí lo había hecho dos años antes un instituto de investigación, participado por el CSIC: el Observatorio del Ebro.

El juzgado de Vinaròs trata ahora de delimitar la responsabilidad de los funcionarios del IGME que firmaron el informe y de los otros imputados, entre ellos técnicos de dos ministerios y de la empresa Escal, a los que el fiscal acusa de prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente. Quiere saber por qué no se estudió el riesgo sísmico que suponía la inyección de gas a presión en un antiguo yacimiento petrolífero abandonado.

El problema de Castor está lejos de resolverse. El Gobierno encargó a Enagás la hibernación de las instalaciones --que cuesta, solo este año, 17 millones de euros según ha calculado la compañía-- pero aún no ha decidido si el cierre es definitivo o si podría reabrir en el futuro. Para ello ha encargado estudios a una universidad estadounidense (el MIT) que podrían demorarse meses.

Mientras tanto, la consigna es evitar cualquier riesgo. Castor ha cambiado radicalmente la vigilancia de este tipo de instalaciones: no solo ha encargado informes al IGN, también al IGME, y en el único proyecto de prospección de hidrocarburos tras Castor, el de Repsol en Canarias, exigió la instalación de sismógrafos en las costas de las islas, de Marruecos, y algunos submarinos en la zona de los sondeos para monitorizar cualquier temblor, una exigencia que supuso centenares de miles de euros extra.

El ministerio también cambió los protocolos de actuación después de Castor. En los almacenamientos de gas como Yela, el umbral de alerta por seísmo salta con una magnitud de 1,5. Si supera el 2, la inyección se para. Es, según fuentes del sector, la norma más exigente de Europa.

El análisis que hace el IGN de los terremotos antes y después de la actividad arroja dudas solo en tres de ellos. En Poseidón Sur, “algunos agrupamientos de sismos en el entorno [...] puede llevar a considerar una posibilidad en sismicidad inducida”, señalan los técnicos. Según Repsol, este pozo dejó de producir en mayo de 2013 y no está previsto reanudar la actividad. En Serrablo, situado entre dos zonas de gran actividad sísmica, hay dudas: “Estaríamos ante una indeterminación sobre la posible sismicidad inducida”. En el caso de Yela, el informe señala que “la actividad sísmica ha aumentado” después del inicio de la explotación en 2007. “Consideramos que no sería concluyente afirmar con el 100% de probabilidad cierta que no exista esta conexión [con la actividad de almacenamiento de gas]”, concluyen los técnicos.

investigacion@elpais.es