La Complutense abre expediente a Monedero por su asesoría a Venezuela
La denuncia, por no haber comunicado previamente el trabajo, parte de Manos Limpias
La Inspección de Servicios de la Universidad Complutense de Madrid ha abierto este viernes un expediente disciplinario al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por la denuncia del colectivo Manos Limpias por su "presunta vulneración" de la Ley de Incompatibilidades al no informar previamente al campus de su trabajo de asesoría para varios Gobiernos latinoamericanos, y por no haber cobrado ese trabajo a través de la institución universitaria en calidad de proyecto de investigación.
El pasado mes de marzo, José Carrillo, rector entonces de la Complutense, abrió un “informe previo” para analizar si existía material suficiente para abrir un expediente a Monedero. No dio ningún paso más, y denunció “presiones” de Ignacio González para que “acelerase los procedimientos”. El pasado mes de septiembre el nuevo rector, Carlos Andradas, nombró un juez instructor para que investigara los indicios. Fuentes del campus lo califican como “apertura de juicio”.
El profesor, por su parte, explica que no comunicó de forma previa esos trabajos de asesoría porque "no se solían comunicar porque no implicaban a la Universidad". "No afectaban a mis clases o a mi trabajo de investigación", señala a EL PAÍS. Monedero realizó informes para los Gobiernos de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua, efectuados en 2010 y pagados en 2013 por los que recibió 425.000 euros.
El politólogo indica que no tiene "ningún problema en que se regule de forma más clara cuál es el ámbito de trabajo de los profesores universitarios", porque, según explica, "el grueso de los profesores realizan actividades fuera" del campus. Como los catedráticos de Derecho que tienen bufetes de abogados, por ejemplo. Monedero atribuye la apertura del expediente a la fuerte "presión mediática", y concluye: "Yo no le pido a ningún rector que sea un héroe, sino que aplique la legislación a todos por igual".
Manos Limpias ha pedido que la sanción por su "falta muy grave" lleve a la suspensión de funciones de 3 a 6 años "por la alarma social que ha ocasionado el comportamiento del denunciado".
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