Un juez de la Audiencia Nacional cita a ocho imputados en el ‘caso Madeja’

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar como imputados en el caso Madeja, que investiga el presunto pago de comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de la adjudicación de obras públicas, a ocho funcionarios de Sevilla y Canarias, así como a administradores de empresas relacionados con la entidad sevillana. De la Mata aceptó el caso en septiembre, después de que la juez Mercedes Alaya se inhibiera porque la investigación afecta a funcionarios de organismos como el Ministerio de Fomento y las sedes de Adif en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Sevilla, además de Diputaciones y Ayuntamientos de Andalucía, Canarias y Extremadura. La magistrada acusa a la empresa Fitonovo, que supuestamente repartió sobornos por valor de 4,3 millones de euros durante ocho años, de ser el centro de una "organización criminal jerarquizada".

Con una causa que suma 96 imputados, el magistrado también reclama un informe a la Agencia Tributaria "sobre las consecuencias tributarias de los hechos cometidos a través de la mercantil Fitonovo", fundamentalmente, sobre la deducción de facturas falsas y la "doble contabilidad para encubrir el pago de comisiones" durante los ejercicios 2000 al 2013.

Asimismo, hace un requerimiento similar a la Tesorería General de la Seguridad Social sobre las actuaciones de Fitonovo en relación con "los pagos no declarados a sus trabajadores en el marco de la doble contabilidad" durante los citados ejercicios. Además, el magistrado se dirige al Ayuntamiento de Sevilla para que remita los contratos adjudicados a Fitonovo y su importe, "con expresión de las partidas presupuestarias con que se sufragó cada contrato", así como los porcentajes que representaban esas adjudicaciones sobre el volumen de contratación total de cada delegación del Consistorio.

Entre los citados a declarar se encuentra Javier Isidoro Gómez, funcionario del Ayuntamiento de Sevilla que, según el juez, estuvo vinculado directamente con contratos administrativos sobre los que existen sospechas de irregularidades en su adjudicación, como un "macrocontrato" para la conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado. También declarará José Ulises Pérez, ingeniero del Cabildo de Las Palmas, que habría recibido de Fitonovo 10,381 euros en dádivas por facilitar la adjudicación y ejecución de determinados contratos públicos a la empresa, según relataba De la Mata en el auto de septiembre en el que aceptó la competencia de este caso. Otro de los citados es José María Maya, jefe de Carreteras del Gobierno de Canarias al que supuestamente Fitonovo pagó 57.024 euros entre 2003 y 2011 "por su actuación en la adjudicación y/o ejecución de contratos públicos" para dicha empresa.

Sobre la petición de documentación al Ayuntamiento de Sevilla, el alcalde, Juan Espadas, ha asegurado que apoyará la investigación "en todo aquello que tenga que poner a disposición". "Lo hizo el Gobierno anterior y lo hará este, sin duda. En la medida que los servicios jurídicos municipales entiendan que tenemos que tomar cualquier tipo de decisión, se tomará", ha dicho Espadas, informa Europa Press.

La juez Alaya remitió el caso a la Audiencia el pasado junio, después de que el fiscal argumentara que "el fraude producido ha tenido un notorio alcance, con grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional, lo que determina el informe favorable de la fiscalía a la competencia a los Juzgados Centrales de Instrucción".