La Audiencia de Palma ensaya la vista pública de la infanta Cristina
La hermana del Rey conocerá en febrero si se aceptan su petición de no ser juzgada sin que le acuse la Fiscalía y Hacienda
La Audiencia de Palma ha celebrado este viernes un "ensayo" del juicio del caso Nóos, en el que los principales acusados son Iñaki Urdangarin, su ex socio Diego Torres, la infanta Cristina y el expresidente balear Jaume Matas. Hasta dieciocho imputados en total se sentarán en el banquillo —son sillas de aula— en un caso de supuesta malversación de seis millones de fondos públicos.
El juicio se desarrollará entre el 11 de enero y el 30 de junio, fechas señaladas para el inicio y cierre de la vista oral. Entre ellas, la sala ha marcado semanas de pausa y paréntesis. El primer parón, de casi un mes, será para debatir las cuestiones previas y las peticiones de nulidad. Posteriormente, la vista segregará por bloques las fechas de las declaraciones de los acusados, el período para interrogatorio de los testigos, las pruebas y peritajes y para terminar, las conclusiones finales.
Los magistrados Juan Pedro Yllanes, Samantha Romero y Eleonor Moyá han organizado fuera del propio proceso una vistilla especial con los defensores y acusadores para cerrar el guion de la vista oral y marcar las pautas para el desarrollo de las sesiones. Ha sido una reunión sin togas, público o cámaras en la que han sellado un acuerdo sobre la agenda y las circunstancias del juicio de la década.
Los días 11 y 12 de enero se dedicarán a las cuestiones previas. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha explicado que la Audiencia de Palma suspenderá el juicio hasta el nueve de febrero. Ese es el tiempo que se fijan para resolver las peticiones que se planteen para anular la causa o esquivar las acusaciones.
"No puede ser juzgada"
La defensa de la Infanta, la Abogacía del Estado y la propia Fiscalía Anticorrupción sostienen que Cristina de Borbón no puede ser juzgada como supuesta cooperadora en dos delitos fiscales, con la sola acusación popular de Manos Limpias; es decir que si el Estado perjudicado en temas tributarios no formula acusación, no hay acusación.
La Audiencia determinará en febrero, casi con toda seguridad, si aplica la denominada doctrina Botín. La hermana del Rey Felipe conocerá entonces, el 9 de febrero, si debe seguir en el banquillo o si quedará liberada, exonerada de la acusación actual por sendos delitos fiscales como cooperadora necesaria en el fraude.
Los acusados deberán estar presentes en el arranque del proceso y hasta el final de todas las declaraciones de quienes se sienten en el banquillo. El orden del interrogatorio queda fijado en el escrito del fiscal. La Infanta, que no aparece en el listado de acusados de Anticorrupción, declararía al final, si no es liberada en las cuestiones iniciales. Los imputados retornarán para el cierre del juicio y los turnos de última palabra. El resto de las jornadas podrán ausentarse.
Sin habitación especial
La infanta Cristina no tendrá habilitada una sala especial en el edificio de oficinas de la Escuela Balear de la Administración del polígono de son Rossinyol de Palma donde se celebrará el juicio. No está prevista la adecuación de una habitación aislada para que descanse, se reúna con sus letrados o se aísle del resto de las partes y el público.
Para la Audiencia de Palma la esposa de Iñaki Urdangarin es una imputada más, una ciudadana sin un foro especial ante los tribunales. Así el presidente de la sala, Juan Pedro Yllanes, ha recalcado a los letrados que se han interesado por ello que evitará el 11 de enero que la hija de don Juan Carlos reciba un trato preferente y diferenciado. Las partes, abogados y fiscales, tendrán dos despachos amplios para reunirse fuera de la sala de vistas. El tribunal también tiene una habitación para retirarse a deliberar
En el curso de la reunión de trabajo de los jueces con los abogados y el fiscal se suscitó esta cuestión polémica de la sala aislada para la Infanta, según distintas fuentes. El letrado y exfiscal José Zaforteza, que defiende a Jaume Matas, preguntó si el Colegio de Abogados había tramitado una solicitud de parte. El letrado de la Infanta, Pau Molins, lo negó de manera contundente. El magistrado Yllanes zanjó el debate y rechazó que esta posibilidad se haya contemplado o vaya a suscitarse.
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