Absuelto de un ‘delito’ de homofobia tras aplicarle el nuevo Código Penal

Los magistrados no tienen dudas. El acusado, un funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) de Cáceres, cometió en junio del pasado año una falta de injurias contra un profesor homosexual en paro que acudió a su oficina para buscar trabajo. El trabajador público escribió en el formulario del docente, a la hora de completar la dirección, las palabras "Plaza Marica". Lo hizo "conociendo su orientación sexual", según recoge la sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad, que lo condenó en junio de 2015 a una multa de 112 euros y a indemnizar al afectado con 90 euros. Una pena que retira ahora la Audiencia Provincial de Cáceres, que aplica la reforma del Código Penal impulsada por el PP —que despenaliza las faltas— y deja sin castigo al autor del insulto.

Esta decisión judicial llega después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sacase pecho en abril por los "avances" en la lucha contra los delitos de odio. Un concepto policial que se refiere a las infracciones penales y administrativas cometidas contra inmigrantes, homosexuales, bisexuales, transexuales, discapacitados, mendigos, semitas, o creyentes de alguna religión. "Nuestro objetivo es ayudar a que las víctimas se sientan protegidas y denuncien", aseguró entonces el representante del Ejecutivo, apenas dos meses antes de que entrara en vigor la reforma del Código Penal.

En base a ella, se manifiesta la Audiencia Provincial de Cáceres: "En la medida en que se ha despenalizado la conducta por la que se le condena, debe absolverse al imputado". Los magistrados cargan, además, en su sentencia contra las excusas procuradas por el acusado, que afirmó que se confundió y puso "Plaza Marica" en lugar de "Plaza América". "No resulta creíble su versión. Sería mucha casualidad que, siendo homosexual el denunciante, por simple error, anotara Marica en lugar de América (que, por cierto, no es el lugar del domicilio del denunciante)", recalca el tribunal.

Los hechos, ocurridos el 29 de junio, provocaron entonces que el director provincial del Sepe saliese públicamente a pedir disculpas al afectado, Juan José Ruiz, "por no haber ofrecido el servicio de calidad que requieren los ciudadanos". La sección extremeña de la Fundación Triángulo exigió una "sanción ejemplar":  "Para dejar claro que los tiempos en los que la homosexualidad de alguien podía ser motivo de burla deben ser parte del pasado".

El último informe del Ministerio del Interior subraya que el pasado año se cometieron en España 513 delitos de odio por orientación sexual. Esta cifra supuso un aumento del 13% respecto a 2013, cuando se registraron 452. Aunque Fernández Díaz matizó esa subida, ya que apuntó que en 2014 se incorporaron por primera vez los datos aportados por la policía autonómica del País Vasco. De los casos registrados el pasado ejercicio, solo se esclareció el 77%. En ese informe, el Ministerio del Interior también asegura que la lucha contra la homofobia se encuentra entre sus prioridades: "La Secretaria de Estado de Seguridad se ha fijado, como prioridad cardinal, luchar contra aquellas infracciones administrativas o penales que ponen de manifiesto o se basan en cualquier tipo de discriminación".