Catalá insiste en defender la imparcialidad del juez Enrique López

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido este miércoles en la defensa de los jueces conservadores de la Audiencia Nacional Enrique López y Concepción Espejel, miembros del tribunal que juzgará el caso Gürtel de corrupción y que han sido recusados por varias acusaciones populares por su cercanía al Partido Popular. En el caso de López, Catalá ha asegurado que el hecho de haber sido propuesto por el PP para altos cargos como vocal del Consejo General del Poder Judicial o magistrado del Tribunal Constitucional “no puede ser una tacha” para desarrollar su labor como juez y participar en el juicio, en el que la formación conservadora se sentará en el banquillo como partícipe a título lucrativo.

Catalá ha opinado así después de que la Fiscalía Anticorrupción emitiera sendos informes sobre la supuesta apariencia de falta de imparcialidad de ambos magistrados. En esos informes, el ministerio público ve acreditados los hechos que llevan a las acusaciones populares a recusar a López y Espejel y pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que determine si un “observador objetivo” podría tener dudas sobre la apariencia de imparcialidad. El pleno de la Sala de lo Penal decidirá el próximo 30 de octubre si aparta o no a los magistrados de la causa más sensible para el PP.

Los escritos de la Fiscalía hacen hincapié en que los jueces y tribunales deben no solo ser imparciales —cosa que no discute en el caso de López y Espejel— sino también parecerlo, entre otros motivos para preservar la imagen de la Justicia. Sobre Espejel, que también fue propuesta por el PP como vocal del Poder Judicial, el ministerio público recuerda que será la presidenta de “un tribunal compuesto únicamente por tres magistrados que debe determinar responsabilidades, no sólo del partido político que propuso su nombramiento, sino de personas que, siendo representantes de ese partido político, participaron directamente con su voto en su elección" como vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Catalá se refirió, en los pasillos del Congreso de los Diputados a la designación de los jueces como miembros de organismos constitucionales. Sin embargo, en el caso de López, los indicios que la fiscalía ve probados de su cercanía al PP van más allá. Este magistrado ha impartido dos conferencias políticas del PP y el partido recurrió el rechazo a su primera candidatura como magistrado del Tribunal Constitucional en 2008.

El fiscal cita más indicios: Ana Mato, exministra de Sanidad y considerada partícipe lucrativa de la trama, estuvo en el Consejo de Ministros que propuso a López como magistrado del Constitucional en 2013, cargo que abandonó al año siguiente antes de ser condenado por conducir su moto ebrio por Madrid. Enrique López, recuerda el fiscal, ha participado en 68 actividades formativas de la fundación FAES, vivero ideológico del PP, de cuyo patronato es miembro también la exministra Mato.