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Guerrero afirma que Hacienda y la Intervención avalaron los ERE

El exdirector de Trabajo andaluz declara por tercera vez ante el juzgado que instruye el caso

Francisco Guerrero, hoy a su llegada a los juzgados de Sevilla. Atlas / Laura León

Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía y principal imputado del caso ERE, ha vuelto a disparar hacia arriba, hacia la cúpula del Gobierno andaluz. En su tercera declaración ante el juzgado que instruye el caso, el ex alto cargo ha insistido en que él se limitó a autorizar las ayudas del fondo de 855 millones, diseñado por el Ejecutivo autónomo y similar al que anteriormente a la década 2001-2010 había aplicado el Gobierno central para dar subvenciones excepcionales. Ya declaró dos veces ante la juez Mercedes Alaya, con el resultado de prisión preventiva ambas, y ahora lo ha hecho ante la nueva instructora María Núñez.

Esta mañana las balas de Guerrero se han dirigido hacia la Consejería de Hacienda y la Intervención General de la Junta, que según su relato acogieron una reunión con la cúpula de la Consejería de Empleo (que dio las ayudas) para establecer la legalidad del procedimiento de los ERE. El ex alto cargo afirma que la exviceconsejera de Hacienda entonces, Carmen Martínez Aguayo, avaló la legalidad de las subvenciones junto al ex interventor general Manuel Gómez. Empleo había pedido una reunión tras un duro informe de la Intervención General en 2005 que cuestionaba el procedimiento empleado, y tras sondear si debía cambiarse la concesión de ayudas, la respuesta final de Hacienda fue que pese a las inconvenientes del sistema de pago de los ERE, no se había detectado menoscabo de fondos públicos.

Sin embargo, esta tarde Gómez ha negado la mayor sobre la supuesta reunión de hace una década: “Me parece inverosímil y solo se trata de manchar sin pruebas. No es verosímil todos los participantes juntos. Los órganos administrativos se expresan por escrito”.

La tercera comparecencia de Guerrero ha sido breve (dos horas en comparación con las 20 horas en tres días que duró la primera) y confuso, preñada de incoherencias y contradicciones, por lo que la luz sobre los hechos investigados ha sido muy relativa.

Guerrero ha insistido en que se limitó a cumplir las órdenes de sus superiores para conceder a ayudas, e incluso ha negado la mayor: dice que no hubo intrusos (beneficiados como prejubilados pese a que nunca trabajaron en las empresas) y que estos tenían derecho a las pólizas subvencionadas por la Junta, pese a que entre ellos estaba su suegra Victorina Madrid, incluida como prejubilada de una empresa que ni siquiera conoció. El exdirector ha admitido asimismo que hubo miles de trabajadores desconocedores de la línea de ayudas que no pudieron solicitarlas por su lejanía a los sindicatos y a la Junta.

Su abogado, Fernando de Pablos, insistió en la misma línea: "El sistema empleado por la Junta fue exactamente el mismo que el Ministerio de Trabajo, con las mismas publicidades y requisitos, exactamente igual". Guerrero ha incidido en que las ayudas de los ERE nunca se sometieron al criterio de los servicios jurídicos de la Junta, ni tampoco a ningún despacho externo. Poco después de la salida de Guerrero de Empleo, esta consejería encargó un informe sobre la legalidad de las ayudas al bufete Garrigues.

En el fondo de los ERE, Guerrero ha admitido que se incluyeron subvencioes para que las empresas cancelaran créditos con los bancos, conseguir líneas de descuento y cancelar deudas con la Seguridad Social, unas obligaciones cuya responsabilidad pertenece a las empresas. "En mi conciencia era todo legal", ha resumido Guerrero a la juez, según fuentes presentes durante la declaración ante la nueva instructora del caso, María Núñez, que sostiene a priori un criterio opuesto a la juez Mercedes Alaya.

Guerrero fue el ex alto cargo del Ejecutivo andaluz que autorizó la mayoría de las ayudas y ERE del fondo que dispuso de 855 millones desde 2001 hasta 2010. El exdirector estuvo al frente de Trabajo desde 1999 hasta 2008. Hoy Guerrero está desempleado, pero recientemente la juez Núñez ordenó a la Junta que le devolviera 17.730 euros de su salario embargado por Alaya, después de que la justicia ordenara su reingreso como funcionario de la Junta.

Durante los últimos dos años el ex alto cargo de la Junta se había negado en repetidas ocasiones a declarar por consejo de su abogado, la última hace solo dos semanas en un asunto desgajado del caso ERE.

Guerrero declaró dos veces ante Alaya. La primera de ellas fue una declaración que se prolongó durante 20 horas en tres días, y en la que Guerrero apuntó hacia la cúpula del Gobierno andaluz como descargo de su nefasta gestión. Del juzgado ingresó en prisión preventiva ante la gravedad de las acusaciones contra él. Tras la comparecencia, Alaya le impuso una fianza récord de 686 millones. Un año después Alaya le convocó de nuevo. La Guardia Civil le había acusado de recibir numerosos pagos de la consultora Vitalia, que posteriormente su abogado considera que están acreditados y son legales. Tras esa segunda comparecencia, volvió a ingresar en prisión preventiva.

Esta mañana estaba prevista asimismo la comparecencia de los ex interventores generales de la Junta Manuel Gómez, como imputado, y Rocío Márquez, como testigo. Sin embargo, han sido aplazadas a la espera de que el Tribunal Supremo remita la declaración de Gómez ante el alto tribunal por la pieza instruida en Madrid sobre el diseño del procedimiento.

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