Becerril pide explicaciones a Justicia por los impagos a fiscales sustitutos

El retraso en los pagos a los fiscales sustitutos, un colectivo con más de 200 profesionales, ha provocado la primera respuesta de una institución. El Defensor del Pueblo ha pedido explicaciones al Ministerio de Justicia por "los numerosos perjuicios causados a los profesionales", ya que cobran sistemáticamente a dos meses vencidos y, además, en septiembre no recibieron su salario. "No percibieron la correspondiente remuneración, ya que no se dio la orden de transferir los importes dentro del plazo habilitado al efecto", recalca la máxima responsable de la institución, Soledad Becerril, en un escrito enviado a la Secretaría de Estado de Justicia.

"Esta institución ha tenido conocimiento de que los fiscales sustitutos, en todo el territorio nacional, no van a recibir las retribuciones que legalmente les corresponden por su trabajo anteriormente realizado", subraya el Defensor del Pueblo. "Al parecer, el Ministerio de Justicia adelantó la fecha tope de remisión de las retribuciones por el periodo vacacional, lo que provocó que los fiscales jefes no dispusieran de los datos acreditativos de las horas laborales cubiertas por cada uno de los fiscales sustitutos", continúa la institución, que ha decidido abrir esta actuación de oficio y reclamar información al departamento encabezado por Rafael Catalá.

Tal y como adelantó EL PAÍS, la Asociación de Fiscales Abogados Sustitutos se dirigió el pasado mes a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al propio ministro para exigir una solución a los continuos retrasos: "La omisión del pago coloca a muchos de los afectados en una crítica situación económica, provocándole grandes perjuicios". El colectivo llegó a pedir un encuentro con el representante del Ejecutivo de Rajoy.

Ante las denuncias de los fiscales sustitutos a finales de septiembre, Justicia y la FGE se responsabilizaron mutuamente del impago de septiembre. El departamento dirigido por Catalá alegó que la FGE no le envió a tiempo la relación de retribuciones a abonar. Mientras que la otra parte respondió que el ministerio adelantó "por vacaciones" la fecha tope para remitir este documento. 

Esta contienda abre un nuevo frente entre fiscales y el ministerio. El anterior responsable, Alberto Ruiz-Gallardón, ya se enfrentó con el colectivo al aprobar un decreto en 2013 para limitar a situaciones excepcionales la sustitución de fiscales. El Consejo Fiscal y la FGE arremetieron contra esta iniciativa; al igual que la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que subrayó que suponía "la supresión o reducción drástica de los fiscales sustitutos".

Ahora, Catalá admite, en cambio, la posibilidad de incrementar el número de fiscales sustitutos para reforzar las plantillas —según la última memoria anual de la Fiscalía General del Estado, 213 personas ejercían esta función a finales del pasado año—. Aunque, eso sí, el ministro mantiene un desencuentro con los fiscales en otro aspecto: las asociaciones del sector han denunciado la entrada en vigor de la ley de punto final, que establece límites máximos de 6 y 18 meses para la instrucción de sumarios. Hasta la propia fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, propuesta por el Gobierno del PP, ha cuestionado esta norma y habla en una instrucción interna de "problemas" y una "oscura redacción" del texto.