“Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en España”

Carpetazo provisional a la investigación de la tragedia de Tarajal, donde fallecieron 15 inmigrantes subsaharianos cuando intentaban alcanzar a nado la costa de Ceuta el pasado 6 de febrero de 2014. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad, María del Carmen Serván, ha archivado este jueves la causa, que mantenía imputados a 16 guardias civiles por la actuación desplegada aquel día. Los agentes dispararon pelotas de goma cuando los sin papeles estaban en el agua. Una acción que, según ha defendido la acusación particular, influyó en las muertes. Ahora, la magistrada rechaza esa tesis: los funcionaros usaron el material antidisturbios "con efecto disuasorio".

La decisión judicial, que supone un fuerte varapalo para las ONG, llega más de un año y medio después de los hechos; y después de que Serván se inhibiera, entre acusaciones de "dilaciones y retrasos", en favor de la Audiencia Nacional —que rechazó esa medida y le devolvió la causa—. "No existe ningún indicio que permita afirmar que los agentes hicieron un uso inadecuado del material antidisturbios, máxime cuando no existe un protocolo que regule la utilización del material en el medio acuático", ha recalcado la magistrada en su auto de sobreseimiento, donde mantiene que la actuación de los guardias civiles "no puede ser calificada de imprudente".

La juez centra su argumentación en el papel jugado por los dos centenares de personas que intentaban acceder a la ciudad autónoma: "Asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias de fuerzas marroquíes y Guardia Civil". "No eran personas en peligro en el mar que precisasen ayuda en el sentido referido en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar", apostilla el escrito de Serván.

Los agentes actuaron "en el ejercicio de su función de custodia y vigilancia de la frontera" española.

En ese sentido, el auto valida la actuación de los 16 agentes imputados por delitos de homicidio, lesiones imprudentes y prevaricación: un capitán, un teniente, un sargento y trece guardias civiles rasos. Según el escrito, los efectivos policiales actuaron "en el ejercicio de su función de custodia y vigilancia de la frontera". Y el uso de las pelotas de goma y botes de humo, recalca la magistrada, se hizo de acuerdo con la orden de servicio 15/11 de la Comandancia de Ceuta, que fija un plan de intervención gradual en el perímetro fronterizo cuando se avistan inmigrantes. "Si se hace caso omiso a señales acústicas o luminosas, se podrá hacer uso de los medios antidisturbios, pelotas de goma y defensas de que se dispone", apostilla.

Devoluciones en caliente: "sin relevancia penal"

Otro de los puntos que analiza la juez se refiere a la devolución en caliente de 23 inmigrantes que, pese a la intervención de la Guardia Civil, lograron llegar a la playa de Tarajal. Los agentes devolvieron a los sin papeles a Marruecos. Una actuación que las ONG, Bruselas y el Defensor del Pueblo consideran contraria al derecho de asilo. Serván aborda esta práctica "prolongada" en el tiempo, "fundada en una interpretación particular del Ministerio de Interior sobre el concepto operativo de frontera y actualmente dotada de cobertura legal". Y concluye que carece de "relevancia penal" para los agentes que intervinieron el 6 febrero de 2014 "conforme a una práctica admitida e impuesta por Interior".

El auto recoge esta argumentación después de rechazar las grabaciones con testimonios de algunos de los inmigrantes que intentaron entrar ese día en Ceuta y que fueron aportadas al procedimiento por el colectivo Caminando Fronteras. De esos documentos, la juez dice que fueron "interrogatorios interesados y unilaterales, con preguntas formuladas en ocasiones de modo compulsivo y sugestivo". También considera que los informes aportados por la ONG son "insuficientes para sostener la continuidad del procedimiento, ni siquiera relacionándolos con el resto del material instructor", como informes del forense, informes periciales y grabaciones de las cámaras del perímetro.

Cinco de los cadáveres se encontraron en aguas territoriales españolas en los días posteriores a la tragedia. Según destaca la juez, las autopsias practicadas concluyeron que murieron ahogados y que las lesiones que presentaban dos de los fallecidos no eran letales. Los otros diez cuerpos se hallaron en aguas marroquíes. 

"Nos sentimos decepcionados"

Las reacciones al archivo de la causa apenas han tardado en producirse. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), una de las organizaciones clave en la actual gestión de la crisis europea de refugiados, ha lamentado la decisión de la juez. "Nos sentimos decepcionados por las afirmaciones contenidas en el auto, que culpan a los inmigrantes de asumir el riesgo de entrar ilegalmente y hacer caso omiso de las actuaciones de la Guardia Civil", ha apuntado la institución, que recuerda que en dos años apenas ha avanzado la investigación. Fuentes de la acusación particular, que han calificado de "sorprendente" el archivo, han anunciado que recurrirán.

La Guardia Civil y el Ministerio de Interior han celebrado, por su parte, la decisión judicial. En su cuenta de Twitter, el Instituto Armado ha calificado el archivo de la causa como "buenas noticias". La Unión de Guardias Civiles, que defendía a algunos agentes en el procedimiento, también ha manifestado su satisfacción y ha exigido a los "charlatanes" —en referencia a las ONG— que pidan perdón a los de guardias