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El juez imputa a una empleada de Portuondo y a un directivo de Bankia

La Audiencia de Madrid confirma el embargo de bienes por 18 millones al exvicepresidente

Atlas

El juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal ha imputado este jueves a Miguel Robledo, director de Comunicación de Caja Madrid y Bankia entre 2010 y 2012, época en que el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato presidió las entidades, según ha confirmado este periódico. Robledo ha sido uno de los ocho testigos interrogados hoy en el caso en el que se investiga el origen de los ingresos y la fortuna de Rato. Robledo entró como testigo al juzgado y salió como imputado.

La misma suerte corrió el miércoles Beatriz Colomer, persona vinculada con el empresario Alberto Portuondo, en prisión como supuesto pagador de 835.000 euros a Rato como comisión por un contrato de publicidad de Bankia. Colomer fue colocada en Bankia por Portuondo para estar al tanto de sus negocios con la entidad crediticia.

Con la imputación de estas dos personas, que han acudido al juzgado como testigos este jueves y ayer miércoles, el número de encausados en el sumario se eleva a 11.

Fuentes próximas al caso afirman que Robledo ha negado tener poderes para firmar contratos de publicidad. El nuevo imputado, cuyo cargo era de director del área de comunicación externa, ha sostenido que no daba opiniones ni tenía voto o influencia sobre los concursos de publicidad, que no conocía a Alberto Portuondo, y que no cobró comisiones ni hizo de testaferro.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el embargo de bienes por valor de 18 millones de euros a Rodrigo Rato dentro de la causa por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares que afecta al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia. La Sección 23 de la Audiencia ha levantado el bloqueo sobre la totalidad de los bienes del exbanquero y de sus sociedades que excedan esa cantidad de 18 millones.

En un auto —resolución razonada— firmado el 22 de septiembre y conocido este jueves, la Audiencia rechaza los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, que pedían que el embargo siguiera vigente sobre la totalidad del patrimonio del expolítico del PP y de sus empresas. Ahora, el embargo sigue vigente sobre el patrimonio personal de Rato, pero no sobre las sociedades vinculadas a él como personas jurídicas. No obstante, Rato no podrá disponer de los bienes de esas empresas porque tiene bloqueadas, como parte de su patrimonio personal, las acciones y participaciones en las mismas, afirman fuentes jurídicas.

El mismo tribunal, en una resolución distinta, acuerda mantener en prisión al empresario Alberto Portuondo Coll, que supuestamente intermedió en el pago de 835.000 euros a Rato a cambio de la adjudicación de contratos de publicidad de Bankia a las centrales de medios Zenith y Publicis. Según la investigación, Albisa, empresa de Portuondo, percibió dos millones de euros de comisión a cambio del otorgamiento por parte de Bankia de los contratos publicitarios, valorados en 46 millones.

De esa cantidad, 835.000 euros fueron a parar a la sociedad Kradonara, propiedad de Rato. Parte de esa supuesta comisión, 495.000 euros, se transfirió desde Kradonara a la sociedad alemana Bagerpleta, propietaria de un hotel en Berlín y del que Rato cuenta con el 44% del capital.

Portuondo fue detenido en agosto en el aeropuerto de Barajas cuando iba a embarcarse en un avión con destino a México, país donde tiene su residencia. Este intermediario es el único de los diez imputados que acumula la causa que permanece en prisión provisional.

El auto de la Audiencia madrileña sostiene, en un auto del 15 de septiembre, que la participación de Portuondo en la adjudicación de los contratos a de Bankia a Zenith y Publicis “no es baladí en absoluto; todo indica que ha sido sustancial”. Y añade: “La narración de los hechos no se construye sobre meras elucubraciones”.

Portuondo alegó que era únicamente un “asesor genérico de varias personas de Bankia, y que pese a los más que cuantiosos emolumentos que percibía, no emitía casi nunca informes ni estudios, sino que “se reunían y hablaban”. También negó una relación próxima a Rodrigo Rato y se distancia “enormemente”, según la sala, de las operaciones con las que se le vincula.

El tribunal rechaza estas alegaciones: “El conjunto de elementos personales y documentales que constan también en la causa contradicen notoriamente esta presentación exculpatoria”. Por ello, le mantiene en prisión en atención a un posible riesgo de fuga.

En el mismo auto, el tribunal señala que la investigación judicial sobre el entramado societario del exvicepresidente del Gobierno se centra en una "red de movimientos económicos con repercusión, alojamiento o manifestaciones en diversos países". Esta percepción refuerza la idea de que la causa pueda acabar en la Audiencia Nacional, competente para delitos cometidos en el extranjero.

Finalmente, el tribunal, en un auto del mismo 22 de septiembre, acepta la personación de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) como acusación popular en la causa de corrupción entre particulares. La asociación no recibió el auto de aceptación hasta el pasado miércoles.

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