El juez reabre la causa por el asesinato por ETA de un militar en 1995

La Audiencia Nacional ha reabierto de nuevo una causa por un crimen de ETA próximo a prescribir. El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha procesado a la exjefa de la banda terrorista María Soledad Iparragirre, Anboto, y a Sergio Polo Escobes, Lur, como inductora y autor respectivamente del asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo Alonso el 22 de diciembre de 1995. El militar fue asesinado en León con una bomba lapa colocada bajo el asiento del conductor de su Ford Orion.

La reapertura del caso, relata el juez González en su auto de procesamiento, ha sido posible gracias a la “revisión que periódicamente efectúan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los atentados de ETA sin resolver”, alrededor de 300, la mayoría de los años 80 y muchos de ellos ya prescritos al haber transcurrido 20 años desde que fueron perpetrados.

El hilo para reabrir el sumario del asesinato del comandante Cortizo se hallaba, según la Guardia Civil, en el sumario abierto por la desarticulación del comando Araba de ETA en febrero de 1996. En esa operación, realizada por la Ertzaintza, se registró una vivienda que tenía alquilada el etarra en el barrio de Trintxerpe, en Pasaia (Gipuzkoa), los agentes de la policía autónoma vasca hallaron documentos, armas y efectos que podían servir para esclarecer el crimen del militar de León y que hasta junio de 2015, casi dos décadas después, no habían sido utilizados por los investigadores del atentado. 

En concreto, en el piso de Polo los agentes de la Ertzaintza hallaron material explosivo y otros elementos para confeccionar bombas lapa con las características de los utilizados en aquellos años por ETA para cometer otros atentados en la comunidad de Castilla y León. Polo ya fue condenado el pasado 29 de abril por el intento de asesinato del capitán de infantería Juan José Aliste, que resultó mutilado por una bomba lapa bajo su coche en Salamanca.

Ese registro fue la primera vez que la identidad de Polo, no fichado hasta entonces, quedó clara para las fuerzas de seguridad. El etarra no sería detenido hasta tres años más tarde, en marzo de 1999. Ya en la fecha de su detención, los agentes le atribuían la participación en el asesinato del comandante Cortizo, causa que estaba atascada hasta ahora.

Un informe del servicio de desactivación de explosivos (Sedex) del instituto armado remitido el pasado junio señala que estos explosivos incautados en 1996 al etarra en su casa son compatibles con los utilizados en la preparación de la bomba lapa que mató al comandante Cortizo e hirió de gravedad a su hija y a cuatro viandantes.

En el registro del piso alquilado por Polo en Trintxerpe, los agentes encontraron una carta de Soledad Iparragirre, jefa de los comandos legales -no fichados- de ETA a Lur. En ella, según el auto, Anboto “dio la orden concreta” a Polo de cometer el atentado contra el militar de León. Según se desprende de esta “comunicación orgánica” de la banda, Iparragirre “facilitó el material explosivo” y dio “instrucciones sobre su uso” a Lur.

En el domicilio de Trintxerpe, la Ertzaintza se incautó también de notas manuscritas de Polo con los horarios de trenes y autobuses desde el País Vasco a León y destornilladores manipulados para forzar la cerradura de los vehículos Ford antiguos. La investigación sobre el comando Araba del año 1996 reveló también que Sergio Polo recibió un curso de manipulación de explosivos y para forzar cerraduras que le impartió el etarra arrepentido Joseba Urrusolo Sistiaga.

Estos indicios permiten procesar ahora a Iparragirre y a Polo y descartar como posibles autores a los miembros de ETA Javier García Gaztelu y José Ignacio Alonso Rubio, a los que apuntó inicialmente la investigación sobre el crimen del comandante Cortizo, reabierta el pasado junio a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El juez González atribuye a ambos etarras procesados seis delitos de asesinato, cinco de ellos en grado de tentativa. El magistrado les impone una fianza de un millón y medio de euros, que deberán prestar en el plazo de un día como paso para evitar el embargo de sus bienes. El juez solicita a Francia, país en el que está encarcelada Soledad Iparragirre, su entrega temporal para ser juzgada. Y en el caso de Sergio Polo, que cumple 46 años de prisión por otro asesinato en España, ordena a Instituciones Penitenciarias que le comuniquen con la antelación suficiente la posibilidad de que el supuesto autor material pueda acabar su pena para acordar la prisión provisional contra él por este nuevo caso.